Habrá que pedirle perdón anticipado a Erich Fromm por la utilización, si bien ligeramente cambiado, del título de uno de sus libros más conocidos; libro en el que desarrolla fundamentalmente el concepto de la libertad en el individuo y consecuentemente el miedo que esta libertad genera. Pues bien, en este trabajo el tema va a ser no el individuo como tal, sino el pánico que algunos partidos políticos, nos referimos al PSOE (aunque parezca mentira) y al PP (si bien aquí más consecuentes que los anteriores, teniendo en cuenta su procedencia, así como la de muchos de sus líderes), tienen a que se conozca libremente qué opina la ciudadanía vasca sobre la organización política de su futuro.

Si nos acercamos a cualquier manual de teoría política veremos que con unas u otras palabras todos coincidirán en que la democracia es una forma de gobierno de una colectividad en que las decisiones que afecten a la comunidad son adoptadas mediante mecanismos de participación de sus miembros, bien directamente (democracia directa), bien por representación delegada (democracia indirecta). Es claro que, para que pueda darse lo anterior y en un sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos los habitantes son libres e iguales ante la ley.

Estrictamente hablando, la forma más pura de representación se da cuando uno se representa a sí mismo, esto es, la democracia directa; ahora bien, a nadie se le escapa que cuando una sociedad adquiere un determinado volumen, esta vía, aunque deseable, es imposible de poner en práctica, de ahí que se haya tenido que recurrir al otro modelo. Ante esta situación, existen países que han previsto medios para que para determinados temas de particular relevancia se pueda conocer la opinión de todos y cada uno de los ciudadanos. A este respecto, Suiza ha sido calificada como el mejor ejemplo de sistema político moderno cercano a la democracia directa y, así, en los últimos ciento veinte años más de 240 iniciativas han sido sometidas a referéndum.

Desde esta perspectiva, los partidos políticos no tendrían que ser sino correas de transmisión, en los dos sentidos. Así, tendrían que intentar conocer las opiniones y problemas de los miembros en ellos encuadrados, así como de los ciudadanos que a ellos les votan y en ellos depositan su confianza, si no al cien por cien sí en mayor medida que a otros partidos. Y por otro lado, proponer programas (esto ya lo hacen, si bien algunos a veces se olvidan de cumplir lo prometido). Pero, en cualquier caso y ante temas de particular importancia, el conocimiento de la opinión ciudadana es requisito previo de cualquier planteamiento que se considere democrático. Ahora bien, los partidos políticos también tienen el peligro del endiosamiento, es decir, de creerse poseedores de la verdad, de saber lo que el pueblo necesita (¿hay que recordar la famosa frase de: «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo»?), de concluir que no hace falta ninguna consulta sobre tema concreto alguno, de que ellos (es decir, sus dirigentes) ya conocen el sentir y querer ciudadano sin necesidad de consulta alguna. Ahora bien, a esto no se le llamaba «democracia», sino «despotismo ilustrado», es decir, aunque ilustrado, «despotismo».

Por otro lado, para que un pueblo se pueda considerar democráticamente gobernado es necesaria la existencia de una cultura democrática, de un saber aceptar unos resultados, cuando estos sean mayoritarios, con naturalidad, y esto no se improvisa. Así, leíamos recientemente la siguiente frase que hacemos nuestra: «En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática la introducción de elecciones libres por sí raramente ha sido suficiente para llevar a cabo con éxito una transición desde una dictadura a la democracia».

Estamos en Euskadi, en 2008 y, aunque llevamos más de un cuarto de siglo de democracia formal, persisten desde la dictadura algunos problemas no solucionados, y entre ellos no es el menor el de «alcanzar la paz y abordar la solución del conflicto vasco», como el pasado año ya planteaba el lehendakari. En este sentido, el que se le plantee a la sociedad vasca una consulta para conocer su parecer al respecto de un tema de gran calado no sólo es oportuno, sino condición previa para una convivencia verdaderamente democrática.

Algún partido político, queriendo ejercer su «despotismo ilustrado», para oponerse a la consulta mencionada ha argumentado que esta daría pie a la división entre los ciudadanos vascos. Nada más lejos de la realidad, porque o esta división ya existe y esta consulta lo único que haría es ponerla encima de la mesa, pudiendo, entonces, y conocido su peso, arbitrar los medios para corregirla; o no existe, y entonces no hay cuestión.

Y esto es, quizá, a lo que temen esos partidos de obediencia centralista, que patentizada la no existencia de división ciudadana y que la mayoría de ciudadanos de Euskadi considere su mayoría de edad democrática para poder ser dueños de decidir sobre sus destinos y cómo hacerlo, se les puede acabar el poder presentarse ante Europa y el mundo de más amplia tradición democrática como defensores únicos de la lucha antiterrorista, con una, a lo que parece, sagrada Constitución que establece en su artículo 2º que ésta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española», como si ésta fuera un principio intocable, una ley física de aplicación aquí, pero no en Canadá o Gran Bretaña, por ejemplo y, además, por si fuera poco y por si acaso, su artículo 8º dirá: «Las Fuerzas Armadas... tienen como misión... defender su integridad territorial...», se entiende, al margen de la opinión de sus ciudadanos y por si acaso... Éste y no otro es el pánico de esos partidos que no quieren saber lo que la ciudadanía piensa, conocer la realidad, ya que puede que ésta no sea coincidente con lo que a ellos les conviene.