En el horizonte de 2050 un tercio de los ciudadanos de la Unión Europea tendrá más de 65 años de edad. Europa envejece a mayor ritmo del esperado. De hecho, en los tres últimos años se ha acrecentado una tendencia que no parece que vaya a revertirse, no al menos con las políticas que imperan en el seno de la Unión. Prueba del efecto del modelo de producción y del «reajuste» social sobre el comportamiento demográfico, el envejecimiento de la población es un fenómeno al alza también en los países del Este. Los socios más jóvenes de la UE se contagian.

Sin duda, el alargamiento de la expectativa de vida debe ser saludado en primer lugar como el efecto positivo del avance en bienestar social y en las técnicas médicas. Hoy vivimos más, y la mayoría lo hacemos con una mejor calidad de vida global que nuestros antepasados. Sin embargo, ello plantea nuevos e importantes retos, y éstos no se reducen, como se pretende, a compensar la falta de mano de obra. Por ejemplo, con una política de inmigración a la carta que no hace partícipes a los nuevos ciudadanos de los derechos adquiridos por los europeos. Tampoco con la amenaza permanente de reducir las pensiones y todas las demás prestaciones públicas. La respuesta no puede ser economicista, sino que debe abordar imperativamente los aspectos humanos y éticos.