Coincidiendo con el décimo aniversario ayer del desastre ecológico de Aznalcóllar, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, varios investigadores se lamentaron de que aquel accidente no sirviera para adoptar medidas preventivas frente a hecho similares y advirtieron, además, de que fue una tragedia anunciada por la ciencia. Añadieron que «aprender la lección» significa que en situaciones parecidas se actúe desde el primer minuto, sin esperar instrucciones, para estudiar lo que ocurre, hacerlo público y poner soluciones.

Días antes, diferentes organizaciones ecologistas habían denunciando que en la mina sevillana, cerrada tras el accidente de 1998, todavía existen importantes focos de contaminación.

De hecho, a pesar de las labores de descontaminación y restauración de la zona, los estudios realizados hasta la fecha resaltan la necesidad de continuar con el seguimiento de los efectos del vertido sobre las diferentes poblaciones de seres vivos, cuya reproducción es menor tras el vertido.

Durante la madrugada del 25 de abril de 1998, la balsa de residuos de la mina de pirita de la empresa sueco-canadiense Boliden Apirsa SL en Aznalcóllar se rompió al producirse una fractura a 14 metros de profundidad por la que escaparon seis millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos. Una riada que llegó a alcanzar hasta tres metros de altura en algunos puntos, desbordó los ríos Agrio y Guadiamar -principal aporte de agua al Parque de Doñana- y contaminó 63 kilómetros de cauce y 4.634 hectáreas de terreno. La «ola tóxica» ascendió entre dos y tres kilómetros cauce arriba antes de comenzar a descender por el Guadiamar hacia las marismas de Doñana.

Según el Centro Superior de Investigaciones Científicas, fue el mayor desastre ambiental en la historia del Estado español, ya que el vertido fue unas cien veces mayor que el del Prestige.

Diez años después de aquella catástrofe, la regeneración ambiental ha sido importante, aunque científicos y ecologistas consideran que «no se ha rematado». Pero Boliden Apirsa no ha pagado ni un euro de los 200 millones empleados en descontaminar la zona y convertirla en un corredor ecológico.

La Junta de Andalucía indicó ayer que «no tira la toalla», porque «no hemos conseguido que Boliden sufrague los gastos ocasionados por la regeneración de la zona, y estamos en el empeño de que responsa por la vía civil y administrativa».