Un domingo como hoy, hace exactamente seis años, gran parte de la ciudadanía del Estado español acudió a las urnas indignada con la manera en la que el Partido Popular estaba mintiendo sobre la autoría de los atentados ocurridos tres días antes en Madrid. Según el cálculo de los estrategas del PP, la hipótesis de que ETA había sido la autora del mayor atentado en el Estado español y en toda Europa, con 192 civiles muertos y cientos de personas heridas, era la que más beneficiaba a su candidato, Mariano Rajoy. Las pruebas indicaban, tal y como defendió desde un principio el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, que el atentado se correspondía con una acción contra la ocupación de Irak y que detrás de ella podía estar algún grupo yihadista, en ningún caso ETA. Pero lo que comenzó por una mecánica aprendida, pronto se tornó en un macabro cálculo electoral. El Gobierno de José María Aznar, a través sobre todo de sus ministros de Interior y Exteriores, Ángel Acebes y Ana Palacios, ocultó esas pruebas tanto a la sociedad española como a la comunidad internacional, e intentó mantener la mentira hasta el día de las elecciones.

Ayer hizo seis años desde que miles de personas convocadas a través de SMS o por el boca a boca se concentraron delante de las sedes del Partido Popular, infringiendo si acaso la ley electoral pero defendiendo la verdad y un mínimo de dignidad democrática. Un día como ayer, hace seis años, Alfredo Pérez Rubalcaba compareció para decir que «los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta».

Aquellos sucesos supusieron un vuelco en las encuestas y un cambio de Gobierno, pero tenían además la fuerza moral y política como para haber supuesto un profundo cambio de mentalidad y de cultura política que sacase al Estado español de la prórroga franquista en la que, al menos en Euskal Herria, ha derivado la transición. La ultraderecha a la que esa transición había homologado había mostrado su verdadero rostro y, pese a que su peso social impedía un cambio súbito, cabía un cambio profundo de estrategia por parte de los sectores progresistas. José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente tras sacar las tropas de Irak, parecía querer hacer ese esfuerzo político y ético. En Euskal Herria la apertura de un proceso de negociación abría una ventana a la esperanza. Desgraciadamente, el mismo Rubalcaba pronto demostró que tal cambio no tenía opciones de convertirse en parte del programa de la estructura del PSOE. También que, en su caso, la apelación a la verdad y a la mentira sólo respondía a un cálculo igual pero inverso al del PP.

Contra la ocultación sólo cabe transparencia

Situaciones como las que sufren los presos políticos vascos, la pervivencia de la tortura o desapariciones como la de Jon Anza son evidencias de la situación que vive Euskal Herria. Es significativo que, tan dado él a declaraciones, Pérez Rubalcaba todavía no haya hablado sobre la aparición del cuerpo de Anza en una morgue de Toulouse. No cabe esperar de él respeto hacia los muertos ajenos, no es su estilo. Tampoco la humildad de reconocer su error. No obstante, ¿cabe esperar que el ministro de Interior español muestre públicamente su comprensión hacia las negligencias del Estado francés? Sería, quizá, lógico. Pero, ¿cómo se tomarían los diferentes estamentos del Estado francés que las autoridades españolas, especialmente las ligadas a la seguridad, se muestren paternalistas en el caso de un militante de ETA desaparecido en suelo francés? Todo lo relacionado con lo vasco es cuestión de estado para ambos gobiernos. Pero si las incógnitas sobre lo sucedido a Jon Anza no se aclaran, las consecuencias políticas recaerán, de momento, sobre la parte francesa. Los primeros interpelados serán, sin lugar a dudas, los titulares de Justicia e Interior del Gobierno galo, Michelle Alliot Marie y Brice Hortefeux. Parafraseando a su ahora homólogo español, los ciudadanos franceses no se merecen un Gobierno que les mienta, ni sobre lo sucedido con Anza ni sobre sus relaciones con los securócratas españoles. Asimismo, unos y otros deberían haber aprendido alguna lección de anteriores episodios de guerra sucia y pensar que los tiempos cambian para todos.

Por último, a la inverosímil versión oficial sobre la aparición del cadáver de Anza y a la inquietante persistencia de las incógnitas sobre su desaparición y muerte se suma ahora la actitud de las autoridades francesas, que no hace sino complicar las cosas y aumentar las sospechas. La negativa a que un forense independiente designado por la familia participe en la autopsia que mañana se practicará en Toulouse añade un dolor innecesario a una familia que durante los últimos días ha recibido el golpe de la confirmación de la muerte de su ser querido y un trato bastante cruel por parte de las autoridades francesas y de ciertos medios de comunicación españoles. Pero además esa actitud aumenta la alarma sobre lo que se quiere ocultar de la muerte del militante vasco. La versión oficial ofrecida, además de ser absurda y ridícula, no explica qué le ocurrió desde que cogió el tren en Baiona hasta que apareció en la morgue de Toulouse esta semana. Los vascos quieren saber la verdad sobre el caso Jon Anza.