Ibon Zubiela, secretario de LAB en el área de Salud Laboral, reconoce que la situación de la seguridad y la salud laboral en Hego Euskal Herria es «grave». En lo que llevamos de año han fallecido 21 trabajadores en Euskal Herria. El año pasado fueron 80 trabajadores los que perdieron la vida. Catorce años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), ésta no se cumple por parte de los empresarios y, en cambio, desde los organismos oficiales como Osalan «nos dicen que están desarrollando acciones, pero vemos un año tras otro que las iniciativas se solapan, porque no se tienen en cuenta los objetivos marcados o han desaparecido sin explicación alguna de un año para otro», según destaca Zubiela en relación al último Consejo General de Osalan, donde se presentó la memoria de 2009 y el plan de actuación estratégica de 2010. No está de acuerdo con los planes de Osalan, ya que no inciden en la raíz de los problemas y, a su juicio, el plan de gestión para este año «adolece de falta de rigurosidad, porque no aparecen ni objetivos cuantitativos ni cualitativos».

Órganos de participación

Para LAB, esa orientación de Osalan es negativa y, además, precisa que «confunde la realidad cuando habla de fomentar el diálogo social. El diálogo social se debe de hacer desde el Gobierno de Gasteiz, no desde Osalan. Este organismo tiene órganos de participación, control y comisiones delegadas que han emanado del Consejo General, para llevar adelante proyectos, pero no se reúnen. Alguien debe de dar una explicación de eso», precisó Zubiela. Dijo que Osalan ha dado un giro total, puesto que se adoptan decisiones, como el programa LOTU para activar medidas de prevención en el sector de la Construcción, fuera del Consejo General. «Lo primero que tenemos que repetir es que se deje de instrumentalizar a Osalan para actos propagandísticos del lehendakari Patxi López, porque el objetivo de Osalan no es la propaganda sino el impulso de la seguridad y la salud laboral». El representante de LAB critica que se adopten medidas fuera de Osalan y luego lleguen «para ser informadas, teniendo en cuenta que el Consejo General de Osalan es más representativo que la mesa de diálogo social del Gobierno de Lakua».,

En la memoria de 2009, LAB encuentra numerosas deficiencias y carencias, lo mismo que en los planes para 2010 que el equipo de Pilar Collantes, directora de Osalan, presentó días atrás. Ibon Zubiela recuerda que hay manuales de formación «que tendrían que estar terminados, pero no han visto la luz, y algunos han desaparecido de los textos que nos presentan, sin que coste alguna explicación sobre ese paso». También llama la atención que en 2009 se formaron menos delegados de prevención que en 2008 y advierte de que en relación a la formación específica para profesionales del sector de la Construcción «estamos en desacuerdo con esa formación y el convenio de colaboración con la Fundación laboral de la Construcción que apenas formó a 555 trabajadores», por lo que se pregunta «qué coste tiene para las arcas públicas este fracaso».

Falta de Información

LAB no entiende la falta de información sobre las inspecciones realizadas, la naturaleza de las infracciones y las sanciones impuestas. «Nos dicen que de las acciones se derivaron medidas preventivas, pero no dicen nada de su cumplimiento o no», precisa Zubiela, quien a modo de ejemplo se pregunta «cómo es posible si se ha realizado un control de 425 planes de desamiantado, tan sólo se han realizado 161 visitas». Es una situación grave, porque en «264 no se ha salido del despacho, lo que indica el grado de control». Pero además, añade que del colectivo de expuesto a amianto, se han incorporado 502 trabajadores a la vigilancia postocupacional. «Nos dicen que se envía a 168, pero faltan otros 334 que no dicen dónde han ido».

El responsable de Salud Laboral recuerda que objetivos como la investigación de la exposición laboral a nanopartículas en colaboración con Inasmet y Nanogune «ya figuraba en 2009» y recuerda que «se va a contar con una experta de Nueva York para conocer el coste de las enfermedades profesionales que se desvían al sistema público. No sé si es necesaria».