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Un fiscal de Naciones Unidas en el paraíso de la impunidad
Guatemala dio en 2007 un paso fuera de lo común. Fue el primer país en admitir que su sistema judicial había colapsado y necesitaba ayuda externa. La ONU encomendó a Carlos Castresana la misión de dirigir un equipo de investigación criminal que depurase las mafias enquistadas en los aparatos del Estado desde el fin de la guerra civil, en 1996. El fiscal de la ONU era la única esperanza de que el país dejara de ser un paraíso para el crimen para convertirse en algo parecido a un Estado de Derecho.
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Asier ANDRÉS
En un país acostumbrado a los silencios, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex fiscal anticorrupción español, Carlos Castresana, con su lenguaje claro y directo, siempre tuvo la habilidad de dejar boquiabiertos a muchos guatemaltecos. Lo hizo en muchas ocasiones cuando, sin pestañear, afirmó que la mayoría de las instituciones del país, del Congreso a la Presidencia, pasando por la Policía, los medios de comunicación y sobre todo la Justicia, estaban dominadas por estructuras criminales destinadas a procurar impunidad a los traficantes de drogas, armas, personas, vehículos, niños dados en adopción y, en general, todo tipo de mercancías. Y lo volvió a lograr al concluir que el abogado que acusó en un video post mortem al presidente del país, Álvaro Colom, de haberlo asesinando, había planificado su propia muerte para desestabilizar al Gobierno.
La sorpresa del pasado día 7 tuvo otro origen. Esta vez no se trató de la detención de otro jefe policial acusado de integrar un cártel que robaba drogas a narcotraficantes para entregársela a otros «narcos» ni el encarcelamiento de un ex presidente -Alfonso Portillo, en prisión- por robar 12 millones de euros y convertir al Estado en una lavandería oficial para el dinero de las mafias.
Esta vez, Castresana anunciaba su marcha, que renunciaba al cargo a falta de 15 meses para que expire el mandato de la ONU que dio vida a la CICIG, para evitarle más desgaste a la institución. Aseguró haber detectado tres campañas en su contra para desacreditarle, por lo que prefería abandonar para no seguir alimentándolas. «Grupos criminales normalmente enfrentados entre sí, han cerrado filas contra la Comisión porque han entendido que el peligro era común y que esta experiencia debía de ser detenida. La forma que encontraron para hacerlo ha sido en primer lugar destruir mi imagen pública; creen que sacando al comisionado, la CICIG desaparecerá. La única forma de acabar con esta campaña es mi relevo», concluyó.
Su palabras, no obstante, fueron poco a poco poniendo en evidencia otras razones de más calado para explicar su salida: que la CICIG, tras un año de algunos éxitos, habría llegado a un punto de estancamiento por falta de colaboración de los poderes del Estado, a los que acusó de ser operadores de las mafias y de incumplir lo prometido. «Estamos sufriendo una ofensiva de los grupos del crimen organizado para reconquistar todos los espacios perdidos en 2009», sentenció.
La gota que habría colmado el vaso de su paciencia tiene nombre y apellido: Conrado Reyes, fiscal jefe desde hace unas semanas, tras un proceso de selección sobre el que la CICIG insistió en la falta de «honorabilidad» de todos los candidatos. De Reyes dijo que su elección -ratificada por el presidente- había sido «resultado de un pacto entre bufetes que defienden a narcotraficantes y despachos adoptistas (que «venden» niños a familias en EEUU)». Además, le acusó de haber hecho durante su corto mandato «lo único que la CICIG había pedido que no ocurriese: el desmantelamiento de nuestro equipo de fiscales». Aseguró que Reyes se ha rodeado en su «equipo de seguridad» de elementos ligados al narcotráfico que lo primero que han hecho ha sido tomar el control de la fiscalía especial que tiene la CICIG en la institución.
El «tirón de orejas» a la Presidencia resultó tan evidente, que no ha tenido más remedio que forzar la salida del fiscal jefe. Pero su ataque no se quedó ahí: Castresana se llevó por delante a buena parte de la institucionalidad del país. Pidió la destitución de otros cuatro miembros de la cúpula del poder judicial y, de nuevo, atacó cal Congreso por «enterrar» las reformas legales propuestas por la CICIG -la inclusión del enriquecimiento ilícito en el Código Penal, entre ellas- y negarse a dar recursos al Gobierno para asuntos clave. También dijo que Colom no había impulsado suficientemente ni la reforma policial, ni la fiscalía especial que relevará a la CICIG.
En muchas ocasiones, el comisionado había comparado a Guatemala con un enfermo que sólo podrá ser curado si realmente colabora en su sanación. De su discurso de despedida, sólo pudo desprenderse que, efectivamente, el enfermo ha optado por la muerte. «Nosotros queremos seguir con ustedes, la pregunta es si ustedes quieren seguir con nosotros» concluyó.
Un trabajo complejo
La idea de crear una entidad internacional dedicada a acabar con la delincuencia organizada se fue gestando entre sectores políticos y del movimiento social desde la retirada, en 2000, de la misión de la ONU (Minugua) que supervisó el cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Ejército y la guerrilla en 1996. Uno de los objetivos que nunca pudo cumplir la Minugua era el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia que durante 40 años llevaron a cabo su «guerra al comunismo», y que pmediados los 90 se habían convertido ya en el germen de mafias muy poderosas. Su relevo, ya con poderes legales, lo tomaría CICIG en 2007.
Desde el principio, Castresana y su equipo lo tuvieron difícil. La autorización del Congreso sólo se produjo tras intensos debates -la mayoría de partidos lo consideraban una «cesión intolerable de soberanía»- y la presión de la comunidad internacional, pero ladesconfianza de los diputados hacia un hombre que venía a sacudir los cimientos del sistema, fue siempre extrema.
De hecho, en los últimos días, pocos han lamentado la salida de Castresana. Los partidos de derecha que dominan el Parlamento creen que se había convertido en un juez todopoderoso, con inmunidad para acusar a quien quisiese, y que ya era hora de que se marchase.
Las expectativas del movimiento social fueron siempre muy limitadas, por eso su renuncia ha confirmado su desazón por un país que siempre parece al borde del abismo, y temen el efecto que pueda tener sobre el ánimo de la gente la imagen de quien se había convertido en su referente «tirando la toalla».
La mayoría de ciudadanos, no obstante, no entienden por qué deberían ahora echar de menos a aquel fiscal que durante tres años dominó la actualidad de su país. Y es que en el tiempo que estuvo en el cargo Castresana, la criminalidad no dejó de aumentar.