La Cámara guipuzcoana considera que trabajar a favor de los cinco objetivos que se aprobaron en la asamblea constitutiva de Udalbiltza en setiembre de 1999, en el Palacio Euskalduna de Bilbo, «es legítimo y no puede considerarse delito». Por ello, sostiene que «criminalizar» a cargos electos y alcaldes por avanzar en esos objetivos y líneas de trabajo «es una iniciativa contra la democracia».

Las Juntas Generales adoptaron ayer el compromiso de respetar el derecho que tienen «los representantes elegidos democráticamente de crear, impulsar, desarrollar y financiar cualquier proyecto político». Denunciaron «firmemente» el proceso que se está llevando a cabo contra Udalbiltza y sus ex miembros electos y trabajadores, y también se comprometieron a realizar un seguimiento del juicio, al tiempo que enviarán a la Audiencia Nacional española una representación.

En su intervención, Rebeka Ubera, de Aralar, grupo que presentaba la propuesta original, aseguró que este juicio se enmarca en la premisa de que «todo es ETA» e insistió en que el «único delito» de los miembros de Udalbiltza ha sido «hacer política y defender la identidad cultural y nacional». Criticó que el poder judicial «se haya metido en política» y animó a todos los grupos a poner «su granito de arena» para la normalización en «este momento de oportunidades». Remarcó que, «como mínimo», se debe poner fin a esta causa, ya que «la acusación ni siquiera tiene pruebas».

La jeltzale Zorione Etxezarraga incidió en que los encausados han tenido que sufrir «un castigo adelantado» esperando siete años para el juicio. En ese sentido, apuntó la similitud de esta causa con la de «Egunkaria» y consideró que este caso «está basado en el fraude y no tiene seriedad ni respeto», y que proviene «de un montaje del Gobierno de José María Aznar».

El portavoz de EB, Mikel Izagirre, insistió en la necesidad de reivindicar la retirada de la petición del fiscal general del Estado y señaló que, aunque su formación no comparte los «postulados ideológicos» de Udalbiltza, sí lo hace con los principios democráticos de la labor de los electos, al tiempo que criticó que la acusación «no se basa en hechos concretos».

Jon Lasa, de Alternatiba, se preguntó «cómo pueden considerarse ilegales» los principios de Udalbiltza. Además, señaló que estas actuaciones «político-mediáticas no son nuevas», en referencia al «vergonzante `caso Egunkaria'».