Tras la declaración de ETA
Verificación internacional, una constante en el planeta
Cualquier analista que se acerque a procesos que se han sucedido en las últimas décadas y donde se ha dado un «alto el fuego» o un «cese de las hostilidades» comprobará que uno de sus aspectos clave guarda relación directa con su verificación. Y que el papel de actores internacionales «externos» suele ser determinante.
Txente REKONDO
Tras el reciente comunicado de ETA se han sucedido las declaraciones. Entre todas ellas destaca, por el peso de su protagonista, las del ministro español Alfredo Pérez Rubalcaba, quien entre otras cosas ha rechazado la verificación internacional del alto el fuego permanente, general y abierto a esta verificación anunciado por la organización vasca. Rubalcaba decidió incluir en su discurso esa frase: «Es algo que el Gobierno ha rechazado una y otra vez. En un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado».
El argumento no se sostiene a tenor de la experiencia internacional. La participación de actores internacionales en los procesos de paz suele abarcar todo un abanico de papeles. Desde la mediación, la verificación, la facilitación... esos protagonistas buscan afianzar el camino hacia la resolución del conflicto armado y encauzar las vías que den paso a un nuevo escenario.
Las desigualdades entre los diferentes conflictos son algo muy sencillo de constatar. Las motivaciones, la caracterización del enfrentamiento, las disposiciones de las partes de cara a afrontar un proceso de resolución negociada... nos presentan escenarios completamente distintos. Sin embargo, en todos ellos se pueden apreciar situaciones parejas que ayuden a la hora de afrontar un determinado proceso.
La participación internacional en los procesos de paz también ha ido variando conforme el propio orden mundial se ha ido transformando. Acontecimientos como el fin de la llamada Guerra Fría, la desaparición del antiguo espacio soviético, la emergencia de un Nuevo Orden Mundial caracterizado por la supremacía estadounidense, los ataques del 11-S o las ocupaciones de Irak y Afganistán han condicionado el desarrollo y los cambios en ese papel que han venido desempeñando los actores internacionales en la resolución de conflictos.
Otros aspectos, como el papel de Naciones Unidas, la aparición de organizaciones no gubernamentales (ONG), el protagonismo de la sociedad civil y los fracasos en algunos escenarios (Ruanda, Somalia, Zaire...) también ha servido para conformar esa participación internacional en los conflictos.
Necesario en la primera fase
Uno de los aspectos claves en los procesos de paz suele ser su implementación, y a casi nadie se le escapa la dificultad que suele presentar esta fase. En ese sentido se ha pronunciado recientemente el importante Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP, en inglés), que ha señalado en un informe que «la participación y el apoyo de las organizaciones internacionales o actores externos suelen ser necesarias en las primeras etapas del proceso, aunque si se quiere asegurar el mantenimiento de la paz a más largo plazo las instituciones nacionales deben asumir su responsabilidad».
En ese mismo informe se señalan algunas dificultades o deficiencias que se pueden encontrar en los procesos en relación a la participación internacional. Así, si los procesos externos de vigilancia y verificación son débiles, su estabilidad puede verse seriamente afectada.
Un repaso a la larga lista de procesos de paz de los últimos años nos permite observar que casi todos ellos han venido incluyendo diferentes mecanismos para la verificación, control y supervisión de los altos el fuego que se han producido. Y al mismo tiempo, por lo general, esa función se ha venido atribuyendo a fuerzas y protagonistas internacionales.
Según un análisis de la Escola de Cultura de Pau (ECP), las tres funciones principales de ese tipo de actores suelen ser: observación y control del cese de hostilidades, investigación sobre violaciones del mismo y verificación de la separación de fuerzas.
En ese mismo documento se remarcaba la existencia de una gran variedad de mecanismos de verificación, aunque resaltaba asimismo que «a grandes rasgos se pueden diferenciar en dos tipos generales: las llamadas Comisiones Conjuntas y la Misión/Comisión de Control». Las primeras suelen estar formadas por representantes de las partes y presididas por un tercero neutral; el segundo caso suelen verificar sobre el terreno cualquier violación del alto el fuego, y su composición suele variar según los casos.
«Dejar atrás la desconfianza»
En las últimas décadas, los mecanismos de incidencia de la comunidad internacional en los procesos de paz han ido variando. Y obviamente se mantienen las reticencias de quienes recelan de estos procesos.
Tal y como señalan desde el ICHRP, «es necesario dejar atrás la desconfianza hacia el papel de la comunidad internacional en un conflicto interno donde los innumerables esfuerzos para adelantar procesos de paz se han suspendido por no haber encontrado todavía los mecanismos apropiados para pactar la convivencia».
Sin duda alguna, junto al proceso de paz en Sudáfrica, el irlandés es uno de los que más atención ha dispuesto en nuestro entorno. Más allá de las diferencias evidenciables, es cierto también que algunos mecanismos aplicados en Irlanda han servido de base y conocimiento para el proceso vasco.
En fases ya avanzadas de aquel proceso -tras el acuerdo de paz- han destacado, entre otras, dos importantes comisiones. La Comisión Internacional Independiente para el Decomiso de las armas (IICD) y la Comisión Independiente de Monitorización (IMC). La primera de ellas se formó en agosto de 1997, y estaba presidida por el senador estadounidense George Mitchell, junto al general canadiense retirado John de Chastelain y el ex primer ministro finlandés Harri Holkeri. Este grupo logró el apoyo de los actores implicados en el conflicto, quienes se comprometieron «a trabajar y colaborar con la Comisión Independiente de cara a lograr el decomiso de las armas en poder de las organizaciones armadas, y todo ello en el contexto de la aplicación del acuerdo de paz en su conjunto».
Desde entonces, la mayor parte de organizaciones armadas han ido anunciando el decomiso de sus armas, y la Comisión ha anunciado que la mayor parte de las mismas han finalizado el proceso satisfactoriamente. El mandato oficial de la IICD finalizó el 8 de febrero de 2010.
Por su parte, la IMC fue establecida en setiembre de 2003 por parte de los gobiernos de Londres y Dublín para ayudar a promover la creación estable e incluyente de un gobierno autónomo en los seis condados. Para ello ha presentado informes a los gobiernos sobre la actividad de los grupos armados y sobre la normalización de las medidas de seguridad en los seis condados y las reclamaciones sobre no cumplimiento de lo acordado por parte de las partes. Sus cuatro miembros son independientes de los gobiernos.
Desde su creación ha emitido 25 informes, el último de los cuales se ha publicado el pasado 4 de noviembre, y en todos ellos ha cumplido la misión de verificar y controlar el cumplimiento del Acuerdo en los aspectos antes mencionados.
Una institución vasca ya se ha posicionado oficialmente sobre la cuestión de la verificación. Se trata de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que el jueves aprobaron una declaración en la que piden a los ejecutivos de Madrid, Lakua e Iruñea que participen en la comprobación del alto el fuego, pero que no lo hagan ellos exclusivamente, sino junto a «una amplia red de observadores civiles y de las diferentes instituciones vascas» y «con la ayuda de expertos internacionales».
La Cámara guipuzcoana define el mensaje del lunes de ETA como «un avance», aunque le reclama un cese «definitivo» y «sin ningún tipo de contraprestación». PNV, Hamaikabat, Aralar y EB lo aprobaron. GARA
