Desde febrero de 2009, cuando Benjamin Netanyahu accedió al Gobierno hebreo apoyado por Israel Beitenu y el Shas, la presión sobre los ciudadanos árabes de Israel ha aumentado a través de normas que limitan su acceso a la vivienda, que vetan sus reivindicaciones nacionales o que restringen la labor de sus organizaciones sociales.

En los últimos dos años, la Administración hebrea ha elaborado y tramitado al menos una veintena de normas racistas, tal y como denuncian organizaciones como Adalah, dedicada a la defensa legal de la minoría palestina en Israel.

El incremento de las leyes discriminatorias podría ser sólo el inicio, según advirtió Tibi en su reciente conferencia, y llamó además la atención sobre los peligros del plan de transferencia de población presentado por el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman. La propuesta prevé el traslado forzoso de población árabe a los territorios ocupados en un hipotético intercambio de territorios que podría tomar fuerza como alternativa al estancamiento de las negociaciones entre Tel Aviv y Ramallah.

«La mayor amenaza que padecemos es la que pone en cuestión la presencia de toda la comunidad palestina. Lieberman quiere transferirnos de nuestros hogares», advirtió el parlamentario, que denunció que los diputados árabes sufren constantes amenazas por parte de la mayoría judía, especialmente desde la participación de Hanai Zaobi, parlamentaria del Balad, otra formación palestina, en la Flotilla de la Libertad, donde nueve activistas fueron asesinados por el Ejército israelí.

Veto político

Precisamente, «socavar la capacidad de los ciudadanos árabes de Israel y de sus representantes en el Parlamento para participar en la vida política del país» es uno de los objetivos que persigue el Estado hebreo con sus nuevas normas, tal y como denuncia Adalah, la organización para la defensa legal de los palestinos en el interior de Israel.

Gabrielle Rubin, miembro de esta asociación, advierte que esta nueva batería de leyes racistas, cuya elaboración se ha multiplicado desde la llegada al poder de Netanyahu, busca «despojar y excluir a los ciudadanos árabes de su tierra; convertir su derecho de ciudadanía en un privilegio sometido a condiciones, tipificar como delito las manifestaciones que cuestionen la naturaleza judía o sionista del Estado y privilegiar a los ciudadanos judíos en la asignación de los recursos del Estado».

Según un documento hecho público recientemente por Adalah, las nuevas medidas (aprobados o en proceso) permiten, por ejemplo, excluir a los palestinos de la reclamación por las tierras expropiadas por el Fondo Nacional Judío. Otra de las normas prevé la retirada de la ciudadanía en casos de detención por espionaje, una propuesta que parece hecha a la medida de Ameer Makhoul, director de Ittijah (coordinadora de ONG palestinas en Israel) y que ha terminado asumiendo los cargos de trabajar para Hizbullah después de seis meses bajo arresto en los que ha denunciado torturas.

Precisamente, los detenidos tendrán menos derechos en caso de que prospere la reforma de la Ley de Procedimiento Penal, que amplía los períodos en los que un arrestado puede estar en manos de la Policía sin pasar ante el juez e incluso impide que sea asistido por un abogado en un plazo que podría extenderse hasta los 90 días.

La conocida como «Ley de lealtad», propuesta también por Lieberman, ha sido uno de los proyectos aprobados durante el último curso. Esta norma, ya avalada por el Parlamento, exige que cada nuevo ciudadano jure lealtad al Estado «judío y democrático» para obtener la ciudadanía, y a nadie se le escapa que está especialmente dirigida para denegar el acceso a la legalidad a aquellas personas procedentes de Gaza o Cisjordania que se casen con árabes con carné israelí. «Esta Knesset es la más radical, la que está planteando un mayor número de leyes racistas. La Ley de Lealtad es una de ellas, pero hay otras», resume finalmente el parlamentario, extranjero en su propia tierra.