Según una encuesta de una cadena española de radio, el 70% de la ciudadanía vasca es partidaria de que la izquierda abertzale pueda presentarse a las próximas elecciones. El dato pareció sorprender a quienes encargaron el sondeo. Sin embargo, coincide con la demanda mayoritaria de las fuerzas políticas y sociales de Euskal Herria.

Los firmantes del Acuerdo de Gernika -que agrupa a la izquierda abertzale, Aralar, EA, AB, Alternatiba, LAB y varios agentes sociales más- reclamaron al Estado que responda positivamente a sus demandas. Joseba Egibar, en declaraciones a GARA, señala que lo que el PNV le está pidiendo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es «la legalización de la izquierda abertzale y la modificación de la política penitenciaria».

La Declaración de Bruselas pedía a ETA un «alto el fuego permanente y verificable» y señalaba a continuación que «tal declaración, debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera». Cuando a Brian Currin le preguntaron qué podía entenderse como una respuesta debida de Madrid, contestó a título individual que garantizar que la izquierda abertzale pueda presentarse a las elecciones y hacer una actividad política normal y proceder a la repatriación de los presos.

Tras conocer la declaración del alto el fuego permanente, general y verificable de ETA, el presidente del PSE e interlocutor en el último proceso negociador, Jesús Eguiguren, declaró que «creo que para que todo fuera mejor vendría bien la legalización de Batasuna, lo mismo que determinadas actuaciones en política penitenciaria, con consenso del PP, como la agrupación de los presos en tres o cuatro cárceles».

El PNV es hoy por hoy el socio preferente del Gobierno de Zapatero y desde el Ejecutivo español se ha destacado que la respuesta al comunicado de ETA fue coordinada y coincidente entre las partes.

Sin embargo, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, ha querido diferenciar la unidad en cuanto a las exigencias a ETA con la existencia de una discrepancia clara en otras materias. Urkullu manifestó el viernes que en sus encuentros con Zapatero «una y otra vez de manera permanente» le viene realizando la reflexión de que «si la Batasuna ilegalizada cumple con todos los requisitos, cumple con la legalidad, tiene que ser una formación política legal».

Egibar: «Apostar por la paz»

El portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, reitera también que la exigencia de su partido al Gobierno es la de la legalización y el respeto a los derechos de los presos.

En declaraciones a GARA, Egibar afirma que «apostar por la paz exige profundizar en la democracia y no restringir los valores y la cultura democrática. La legalización de la izquierda abertzale es una cuestión de principio democrático pero, además, se constituye en un elemento clave en el proceso de pacificación de nuestro país en la medida en que incrementa y fortalece la base social que rechaza la violencia. La legalización consolida la estrategia que busca construir el futuro por vías exclusivamente democráticas frente a quienes no creen en ello; en definitiva, refuerza todavía más el liderazgo de la estrategia política».

Y a esto añade que «es evidente que la modificación de la actual política penitenciaria contribuiría a fortalecer un proceso de paz. En este sentido, el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, empezando por el acercamiento a sus lugares de origen, resulta fundamental».

También otros importantes agentes de la vida política vasca como ELA, Aralar y Lokarri han incidido en la necesidad de humanizar la política penitenciaria y favorecer la participación política legal de la izquierda abertzale.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado tajantemente que el Estado cometería «una tropelía si no aprovechara las oportunidades que se brindan para la paz».

El coordinador de Lokarri, Paúl Ríos, escribía recientemente que «es responsabilidad del Gobierno liderar, no ser un mero espectador de los acontecimientos». Y recordaba que «en sus manos está aportar para que los derechos humanos sean garantizados (acercamiento de presos o prevención de la tortura) y para que este reto de la paz se afronte con la participación de todos (legalización de Ezker Abertzalea)».

EA pide acabar con la venganza

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, declaró a GARA que el comunicado de ETA «es la respuesta positiva de una de las partes interpeladas tanto desde Gernika como desde Bruselas». Y entiende que «la otra, el Estado español, también debe responder ahora con decisiones que contribuyan a consolidar la irreversibilidad del proceso abierto en Euskal Herria».

Por ello, desde EA le piden que atienda a estos requerimientos y «actúe con responsabilidad histórica». Agirrezabala sostiene que «a tal fin, el Gobierno español debe modificar su política penitenciaria, despojarla del afán de venganza que hoy la caracteriza, para garantizar los derechos de los presos y presas vascas. Asimismo, debe posibilitar la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, lo que supone la legalización de la izquierda abertzale y la participación de ésta, en igualdad de condiciones, en las próximas elecciones».

En opinión del parlamentario de EA, «la apuesta firme, definitiva e irreversible de la izquierda abertzale por las vías pacíficas, políticas y democráticas ha dejado al Gobierno español sin excusas para negarse a ello».

La exigencia de pasos al Gobierno español llegó incluso a Amnistía Internacional, que pidió el acercamiento de presos, la supresión de la detención incomunicada y la eliminación de cualquier ambigüedad de la Ley de Partidos que pueda vulnerar derechos.