LEGALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
Impulso catalán a una solución democrática en Euskal Herria
La división de un Tribunal Supremo partido casi por la mitad a causa de la legalidad de Sortu va a expresarse en sus términos más crudos mañana al mediodía. A la sentencia que veta su inscripción en el registro de partidos y es apoyada por nueve magistrados le acompañará con toda probabilidad un único voto particular, redactado por Juan Antonio Xiol, que aunará las tesis de los siete jueces favorables a la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale.
GARA | GASTEIZ
La Sala del61 del Tribunal Supremo se reunió ayer -una semana después de hacer público el fallo que veta la inscripción de Sortu- para analizar el borrador de sentencia elaborado por el ponente, Carlos Lesmes, darle los últimos retoques y firmarlo. La prohibición cuenta con el apoyo de nueve de los dieciséis componentes de la Sala. Los otros siete presentarán un voto particular discrepante conjunto.
Los magistrados volverán a reunirse mañana a las 12 del mediodía y han convocado a las partes para una hora más tarde, con el fin de comunicarles la sentencia y el voto discrepante. A partir de ese momento, la representación legal de Sortu cuenta con un plazo de treinta días para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Partido por la mitad
Ante una cuestión de esta trascendencia y que afecta a derechos fundamentales, que la Sala del 61 se haya partido prácticamente por la mitad resulta un hecho tan insólito como trascendente.
Precisamente por esa excepcionalidad y trascendencia, ha sido muy criticada la forma en la que el Tribunal Supremo comunicó el fallo el pasado miércoles. En lugar de dar cuenta de que la votación había sido de nueve magistrados a favor de la prohibición de Sortu y siete que defendían su legalización, se informó de que tres jueces habían adelantado su intención de presentar votos particulares al fallo. Esto invitaba a pensar que había trece jueces contra la legalización y sólo tres a favor.
Sin embargo, al día siguiente trascendió ya la verdadera correlación de fuerzas en el seno del tribunal. Y es más; se conoció también que tres de los cinco presidentes de sala -es decir, tres de los cinco magistrados con mayor peso después del propio presidente del TS- son partidarios de la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale.
Redactado por Xiol Ríos
La sentencia redactada por el ponente, Carlos Lesmes, da por probadas buena parte de las acusaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por lo que presenta a Sortu como un partido político auspiciado por ETA.
Frente a este fallo se colocará el voto particular que aunará a los siete magistrados discrepantes y en cuya redacción parece estar trabajando ya el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol Ríos.
Se trata de un magistrado con un gran reconocimiento y prestigio entre sus compañeros, y se da por seguro que sus argumentos serán sólidos y bien fundados, según señalaron la pasada semana fuentes jurídicas.
Este voto discrepante tendrá también la firma de otros dos presidentes de sala. Gonzalo Moliner, de la Sala de lo Social, y José Manuel Sieira, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los otros cuatro jueces son Manuel Alarcón, José Luis Calvo, Rafael Gimeno-Bayón y Alberto Jorge.
Treinta días para recurrir
Una vez de que el Tribunal Supremo comunique mañana a las partes el contenido de la sentencia y del voto particular, la representación legal de Sortu tiene treinta días para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si considera vulnerados sus derechos.
Se ha hablado de la posibilidad de recurrir a algún trámite de urgencia o de buscar algún tipo de pronunciamiento provisional del TC que permitiera a Sortu poder estar legalizado antes del 18 de abril, fecha en la que termina el plazo para la presentación de las candidaturas.
La representación legal de Sortu avanzó a este diario que antes de tomar cualquier decisión necesitan analizar en profundidad la sentencia (que tiene 217 folios) y el voto particular y estudiar las posibilidades que hay de emprender un trámite de urgencia que permita la suspensión del veto. En cualquier caso, ven muy difícil que pudiera haber una resolución antes del 18 de abril.
La sentencia, de 217 folios, está ya escrita. Los magistrados discrepantes tienen hasta mañana a las 12 del mediodía para presentar su voto particular. A la una del mediodía se comunicarán ambas a las partes.
Cerca de doscientas personalidades catalanas han firmado una declaración en la que reclaman al Estado español «la restauración de la normalidad democrática» en Euskal Herria, con el «restablecimiento de los derechos de expresión, de manifestación y de participación política», así como la «adopción de medidas de normalización jurídica en el ámbito policial y penitenciario».
El documento cuenta con la firma de dos ex presidentes del Parlament de Catalunya, Heribert Barrera y Ernest Benach, y el ex vicepresidente de la Generalitat Josep-Lluis Carod Rovira, además de 12 diputados autonómicos y un eurodiputado, de todas los grupos excepto el PP. Lo firman también concejales de las CUP y el portavoz de la consulta soberanista de Barcelona del próximo 10 de abril, Alfred Bosch.
Del ámbito jurídico destacan August Gil Matamala, Marion Hohn (presidenta de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos), Lluisa Domingo (por la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona), Ignasi Doñate, Jaume Asens y Benet Salellas.
Entre las firmantes hay rostros conocidos del cine y el teatro como Ariadna Gil, Sílvia Bel, Jordi Dauder y Carme Sansa; referentes musicales de la talla de Lluis Llach; pintores como Antoni Miró; e historiadores como Antoni Segura o periodistas como Vicent Partal, Rita Marzoa o Antoni Batista. También lo suscribe el futbolista Oleguer Presas.
La declaración cuenta con el apoyo de Arcadi Oliveres, Gabriela Serra, Tica Font, Pere Ortega y Alejandro Pozo, personas que llevan años en el trabajo por la paz.
Los firmantes sostienen que «en el presente contexto de desaparición efectiva de la violencia» es «el momento de poner sobre la mesa, con carácter de urgencia, el restablecimiento de la normalidad democrática y del respeto a los principios universales de los Derechos Humanos» en Euskal Herria.
En su opinión, Catalunya «no puede quedar al margen de los esfuerzos imprescindibles para que todos los pueblos puedan defender la totalidad de sus derechos y libertades democráticas sin restricciones».
Consideran «inaceptable» el «uso político de la justicia para limitar derechos elementales». Sostienen que «en la medida en que el Estado español mantenga su posición inmovilista, se hará cada vez más evidente su obstinada negativa a aceptar el derecho a decidir sobre su futuro libre y democráticamente». GARA
El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, volvió a visitar en la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, que le invitó a cenar la noche del pasado lunes. Fuentes jeltzales trasmitieron que Urkullu insistió ante el presidente del Gobierno en la necesidad de legalizar Sortu.
ELA hizo público ayer su apoyo a la manifestación convocada para este sábado en Bilbo con el lema «Euskal Herriarentzat normalizazioa. Legalizazioa orain», cuyo objeto es denunciar el fallo del Tribunal Supremo que impide la inscripción de Sortu como partido político.
Por medio de una nota, el principal sindicato vasco reitera la exigencia de la legalización de Sortu y reclama que «se reconozca el derecho la participación política de ese sector de nuestra sociedad que debe tener derecho a concurrir legítimamente en las elecciones».
ELA anima a su militancia y a la sociedad vasca en general a participar este sábado en la mencionada manifestación, que cuenta también con el apoyo de otros integrantes de la mayoría sindical vasca como LAB, ESK, STEE-EILAS e Hiru y los sindicatos agrarios ELB y EHNE, todos estos firmantes del Acuerdo de Gernika.
Los integrantes de este acuerdo anunciaron, al día siguiente de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, su decisión de convocar la manifestación del sábado en respuesta al intento del Estado español de «hacer fracasar el proceso de paz y normalización en Euskal Herria».
Los firmantes del Acuerdo de Gernika consideran que el Estado español debe «legalizar y normalizar toda actividad política sin exigir ningún tipo de contrapartida política a cambio». Al mismo tiempo, exigen el respeto a todos los derechos civiles y políticos, que entienden que han sido «despreciados» por la resolución del Supremo.
Los convocantes de la manifestación confían en que está resultará masiva. En estos días se irán conociendo nuevas adhesiones a la misma. Hoy mismo recibirá el apoyo expreso de varias organizaciones juveniles vascas. GARA
