El fin de semana habrá Liga, pero el partido promete ser todavía muy largo. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha plegado velas por el momento, forzada por un lado por la impopularidad de su protesta y por otro por la negativa del PSOE y PP a comprometerse a eliminar el partido televisado en abierto -punta del iceberg de la demanda patronal- y menos en víspera de elecciones.

El desenlace tuvo aspecto de chapuza que puede pasar factura al máximo responsable de la FLP, el ex presidente de la Real Sociedad José Luis Astiazaran. Fue una juez de instrucción de Madrid llamada Purificación Pujol la que decidió que la jornada no puede suspenderse con el argumento técnico de que no hay fechas libres disponibles. Aceptaba así el recurso de los seis clubes que se desmarcaron del plante: Athletic, Real Sociedad, Zaragoza, Espanyol, Sevilla y Villarreal. Pero, paradójicamente, estos «disidentes» han terminando sacando las castañas del fuego a Astiazaran, que en la noche anterior ya había comunicado su disposición a celebrar ayer tarde una asamblea extraordinaria de la LFP y revocar la polémica huelga (o cierre patronal) si la jueza no lo hacía.

Sin embargo, el litigio continúa. La LFP se apresuró a sacar una nota en la que acata la resolución judicial, pero subraya que mantiene intactas sus reivindicaciones, que en el fondo suponen una ofensiva para lograr gestionar todos los derechos que los clubes entienden que les corresponden, comenzando por la venta completa de las retransmisiones de los partidos. En definitiva, buscan que el fútbol sea un negocio completamente privatizado. A su favor juega que así ocurre ya o va a ocurrir en el resto de las grandes competiciones europeas: la Premier inglesa, la Bundesliga alemana, la Lega italiana, la Ligue 1 francesa... En ninguna de ellas sería concebible una ley que imponga la retranmisión de un partido en abierto por jornada al considerarlo «de interés general», como sí ocurre en el Estado español desde 1997, cuando lo aprobó Francisco Alvarez-Cascos (PP), en una medida con tintes populistas.

Patxi Izco, presidente de Osasuna y firme partidario de esta huelga frustrada, ha admitido públicamente que el objetivo de la LFP no era conseguir revocar ya esta norma, para lo que ni siquiera había tiempo material, sino arrancar al menos un compromiso de PSOE y PP de que revisarán el asunto. No lo han logrado. El viernes, el portavoz del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó claro que no se iban a tomar decisiones «bajo presión». A partir de entonces, la protesta entró en un tobogán y empezó a convertirse en un problema para los convocantes. Pero habrá más capítulos, seguramente en verano, cuando la LFP puede presionar fuerte aprovechando que el calendario será más apretado que nunca por la necesidad de hacer hueco para la Eurocopa 2012 (se baraja que la liga deba empezar a mediados de agosto). La patronal tiene que negociar ya, dado que los derechos televisivos del partido en abierto van a subastarse y adjudicarse ahora para los próximos tres años.

Tras el fiasco de este plante, que además ha derivado en una potente división interna con la dimisión de su vicepresidente -José María Cruz, del Sevilla-, la LFP evita concretar más medidas, pero sí confirma la batalla: «Pese a la actitud no dialogante de la Administración, a partir de ahora se establecerá una nueva hoja de ruta que permita desbloquear las conversaciones en la búsqueda de soluciones a los diferentes agravios comparativos que sufre el fútbol profesional respecto a otros sectores de la economía española», dice la nota posterior al fallo judicial.

De los rescates a la Ley Concursal

Hasta ahí llegan las razones de la LFP. Pero el Gobierno también tiene las suyas, y poderosas. Hasta en dos ocasiones el Estado ha tenido que destinar ingentes cantidades de dinero público al saneamiento de los clubes de fútbol. Y vista la evolución de sus deudas, no parece lejano el día en que pidan un tercer rescate.

Las dos «refinanciaciones» anteriores fueron facilitadas por gobiernos del PSOE. En 1986, el entonces secretario del Deporte Román Cuyás firmaba el primer Plan de Saneamiento del fútbol, que perdonaba una deuda de 20.727 millones de pesetas de los clubes de Primera, Segunda y Segunda B. Allí se impuso la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas, obligación de la que se libraron por su buen comportamiento Athletic y Osasuna, además de Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, sólo seis años después los clubes volvieron a tocar la puerta del Estado, con una deuda que superaba ya a la anterior (31.000 millones de pesetas). El encargado de firmar la ayuda fue entonces Javier Gómez Navarro.

Pero el fútbol no ha aprendido la lección. Tras unos años 90 en los que se mantuvo cierta contención, desde la década pasada la deuda ha ido creciendo, y al galope en los últimos años: en la temporada 2006-2007 se estimaba en 2.780 millones de euros, en 2009 alcanzaba ya 3.400, y los últimos datos la sitúan en torno a 3.714. Procedimientos extraordinarios y cuestionables como el de la Ley Concursal -a la que se acogieron en su día Alavés y Real Sociedad- han paliado los efectos, pero no han corregido las malas prácticas.