Alberto PRADILLA

Ni la trama Gürtel, ni las imputaciones por cohecho o financiación ilegal que señalan constantemente tanto a Fran- cisco Camps como al resto de la cúpula del Partido Popular valenciano han logrado que su formación pierda un solo escaño. Al contrario. Encuestas como la del CIS auguran un nuevo incremento en el número de diputados, que podrían llegar a los 60 de un total de 99. El resto se los repartirían entre un PSPV a la baja y Esquerra Unida del País Valencià, que en los anteriores comicios se presentó junto a Compromis pero que ahora acude en solitario. La situación del País Valencià podría definirse como la Nafarroa idílica con la que habría soñado Yolanda Barcina: hegemonía conservadora y ultraespa- ñolista, economía desarrollista y basada en las grandes obras de cara a la galería y una población (no toda) controlada por la avalancha de medios de comunicación afines.

«Tienes mi amistad sincera y lo sabes. Tienes mi apoyo, el de tu partido y el de los valencianos», fue la fórmula escogida el martes por el líder del PP, Mariano Rajoy, para agasajar al presidente de la Generalitat durante un acto en el que más de 15.000 personas abarrotaron la plaza de toros de València. Cientos de asistentes se quedaron fuera. Resulta paradójico que uno de los actos de campaña más masivos de estas elecciones de bajo perfil lo haya protagonizado un dirigente al que se le acumulan los sumarios por utilización irregular de las arcas públicas.

Aunque no sólo el president tendrá que responder ante los tribunales. También otros cinco candidatos están directamente imputados y seis más implicados en casos de corrupción. El caso de los trajes del Gürtel ha sido uno de los expedientes más mediáticos. Pero, como señala Pau Urenya, colaborador de los semanarios «Crònica de la Vall d'Albaida» y «La Directa», «de lo que no se habla tanto es de los millones de euros que han ganado con los contratos a dedo y los concursos amañados».

En este contexto, la pregunta clave es cuál es la razón que lleva a miles de personas a renovar la confianza en políticos vinculados con la corrupción. La hegemonía del PP, que ha ido en aumento desde 1995, cuando el ex ministro español de Trabajo, Eduardo Zaplana, se hizo con la Presidencia de la Generalitat, se ha fundamentado en diversos factores. Los populares, que han terminado fagocitando a formaciones derechistas como Unió Valenciana, han basado sus políticas en un profundo anticatalanismo, la cultura del ladrillo y un exhaustivo control de los medios de comunicación.

Blindaje electoral

A estos factores se suman elementos de carácter técnico, como la ley que exige a los partidos obtener un 5% en las tres comunidades que forman el País Valencià para lograr representación parlamentaria. Una norma pactada en los años 80, cuando era el PSPV quien ostentaba la mayoría absoluta y que sobredimensiona los resultados de las opciones más votadas.

Como explica Pau Caparrós, profesor de Sociología en la Universitat de Valencia, «en estas elecciones, el PP pierde dos puntos en porcentaje de voto». Sin embargo, aumenta en número de escaños. A nadie se le escapa que el verdadero objetivo de este blindaje electoral pactado hace dos décadas era frenar el paso de las candidaturas catalanistas y de izquierdas, que se convirtieron en el verdadero enemigo tanto de PP como de PSPV. Una situación que, nuevamente, recuerda a los pactos entre UPN y PSN para blindar Nafarroa del auge abertzale, y que explica las dificultades de EUPV o Compromis para obtener representación en un Parlament bipartidista.

El control de los medios de comunicación ha constituido otra de las obsesiones de los gobiernos de PP en Valencia. «En Canal Nou sólo aparecen noticias sobre los casos de corrupción cuando los jueces dan la razón a los responsables del PP», denuncia Urenya.

A esto se le suma su capacidad para dar la vuelta a las informaciones sobre las imputaciones o que retraten la mala situación económica y convertirlas en ataques contra el PSOE. Una situación agravada con la irrupción de la TDT, que ha abierto la puerta a señales abiertamente ultras como Intereconomía o Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos. La promoción de sus cadenas afines ha venido acompañada por un hostigamiento hacia otras voces. El cierre de TV3 motivado por las continuas multas con las que la Generalitat castigó a Acció Cultural del País Valencià, su entidad promotora, es su principal exponente, que se explica también por los esfuerzos de la Generalitat en romper los lazos con el Principat.

«La oposición no existe», es el diagnóstico de Caparrós, que considera que los socialdemócratas han adoptado el discurso de Camps basado en el crecimiento fácil y los recelos hacia sus vecinos del norte de los Països Catalans. Como ejemplo, la aprobación del Estatut valenciano, pactado por PP y PSOE, que trataba de sumar a las tres provincias a la iniciativa de reformas lanzada desde el Principat.

A la izquierda del PSOE, las opciones progresistas y soberanistas, como son EUPSV o Compromis, aparecen divididas y son invisibilizadas en el espacio público. Una situación que favorece la holgada victoria de Camps, que se ha permitido presionar a la dirección del PP de Madrid a pesar de que sus archivos judiciales comienzan a amontonarse en los tribunales valencianos.