El anuncio de la Corte de Casación -equivalente al Tribunal Supremo- de que las detenciones realizadas en los seis meses anteriores al 15 de abril pueden ser declaradas «irregulares» ha sacudido las instancias judiciales francesas, ya que todas las personas que no hayan contado con la asistencia de un abogado al ser arrestadas en ese espacio de tiempo podrán pedir la anulación del procedimiento abierto en su contra. Esta decisión, en cualquier caso, no es sino consecuencia de una aplicación de la ley vulneradora de los derechos más elementales, censurada por el Consejo Constitucional e incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de una reforma legal realizada de forma forzada y torpe. Una reforma, además, cuya entrada en vigor el Gobierno de Nicolas Sarkozy ha pretendido retrasar el mayor tiempo posible. La decisión del Supremo, a este respecto, supone un revés para el Ejecutivo y palía, al menos parcialmente, el desamparo sufrido por muchos detenidos.

Sin embargo, siendo esto importante, no lo es menos el hecho de que esa reforma legal se limita a las detenciones de carácter ordinario, en las que se aplica el derecho común, y no a las que se llevan a cabo en virtud de la legislación de excepción, a pesar de que el propio Supremo señaló que en este tipo de supuestos los derechos de los detenidos deben ser garantizados en la misma medida que en el resto. En este sentido, no hay que olvidar que a la mayoría de los ciudadanos vascos arrestados como consecuencia del conflicto político se les impone esa legislación extraordinaria, donde todos los derechos desaparecen con alarmante celeridad. A esa realidad todavía no le ha llegado ninguna reforma.

La Corte de Casación, a la vista de la dimensión que estaba alcanzando un escándalo denunciado incluso en Europa, no ha tenido más remedio que sacar los colores al Ejecutivo, pero no logra ocultar que al sistema judicial francés le queda todavía mucho camino por recorrer para dejar de ser chapucero e injusto.