A la hora de afirmar que compartimos algo con el resto de los miembros de una comunidad con pretensiones nacionales, podemos hacerlo desde tres perspectivas:

La primera: Todos compartimos y exigimos para todos los derechos derivados de nuestra común condición de ciudadanos. Todos pertenecemos a una comunidad de ciudadanos

La segunda forma de compartir, que no se contradice con la primera y que lo razonable es que la complemente, se hace desde la opción nacionalista. La nación es el espacio donde todos ejercen la ciudadanía. En esta opción lo que se comparte es un determinada identidad colectiva. Se comparten unas específicas señas de identidad. Una lengua, unos símbolos, un relato histórico, etc. Se entiende así que esa vida cultural específica merece ser respetada y que tal diferencialidad compartida constituye una nación que como tal merece ser autogobernada legitimando cada nación con un Estado propio.

Hay una tercera forma de compartir una definición sobre la comunidad, de sentirse participante y reconocido en una comunidad. En ella los argumentos -el razonamiento- que conducen a establecer que una determinada comunidad es específicamente diferente y en consecuencia puede merecer el pleno autogobierno son los propuestos por el independentismo republicano. La argumentación, como se verá, es distinta a la que se utiliza en el discurso nacionalista, pero sin duda no resultan razonamientos incompatibles entre sí y además pueden ser complementarios.

En el supuesto del independentismo republicano lo que se comparte es una común percepción de la vida social y política. Lo que se comparte son unos determinados valores en las relaciones sociales situadas en los distintos espacios de la sociedad civil. Y lo que se comparte es una actitud frente al poder político; de vigilancia y control frente al mismo.

Si descendemos a nuestra realidad de Euskadi, podríamos afirmar que en nuestra comunidad existe una determinada y compartida cultura social y política, distinta del concepto de cultura, sin más, que adjudicábamos al nacionalismo. En su dimensión social más genérica es una cultura que propone y pone en marcha organizaciones sociales, que trata de extender y densificar un tejido social estable. Es una cultura que cree que tiene sentido trabajar en sociedad, en la sociedad, con los otros y junto con ellos, exigir colectivamente cambios sociales y políticos. Es una cultura rica en capital social -confianza en el otro-, en solidaridad y demanda de protagonismo -también político- de la sociedad civil.

En su dimensión política comparte la reivindicación del control, vigilancia de las instituciones políticas y la demanda de austeridad -personal y colectiva-. Rechaza el autoritarismo, denuncia prácticas y procedimientos antidemocráticos, y exige y promueve experiencias participativas ciudadanas.

En este sentido, puede afirmarse la existencia -o al menos la tendencia a su implementación- del republicanismo en nuestra sociedad. El mismo no se define tanto por su amor a la república, sino más bien por una actitud participativa de los ciudadanos en los asuntos públicos, sociales y políticos, por su interés y compromiso con la cosa pública -la res publica-, como también por orientarse hacia la exigencia de un política reguladora del bien público en general y de la igualdad muy en particular.

Es con esta cultura republicana desde donde se construye la demanda independentista. Los que comparten en Euskadi esta forma de ver y practicar las relaciones sociales y políticas comprueban que los gobernantes del Estado español no practican esa política de austeridad, de sometimiento al control social, de rechazo al autoritarismo y de fomento de la participación política cívica, ni creen demasiado en que deban resolver los problemas sociales, los problemas de la desigualdad. Con este panorama, esos ciudadanos republicanos comprueban asimismo que tales actitudes de los gobernantes no se dan por capricho, arbitrariedad o engaño, ya que son elegidos por ciudadanos que en principio entienden que es más adecuado para sus intereses que les gobiernen autoridades escasamente interesadas en prácticas democráticas y decididamente posicionadas en contra de intervenir para reducir la desigualdad.

Esta cultura ciudadana -social y política-, muy presente en España, adquirirá mas enraizamiento y será la hegemónica a partir de la actual y la futura victoria del PP por la que una mayoría de la sociedad española apoya el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que el PP propone -y practica- en el terreno de las relaciones sociales y de la política. Esa sociedad española comparte con el PP, por un lado, la cultura de la competitividad y el darwinismo social y, por otro, la aceptación de un tipo de Estado de muy limitadas exigencias democráticas y de tendencias autoritarias.

El independentismo republicano parte de la convicción de que resulta central para la vida individual y colectiva el que en su comunidad se asienten y desplieguen determinados comportamientos en las relaciones sociales colectivas y en las relaciones con lo político. Y parte de la convicción de que las resoluciones políticas del Estado central, y sobre todo las convicciones ideológicas que sustentan su quehacer político, van a impedir o marginalizar esas determinadas conductas sociales. Por lo que, en consecuencia, el independentismo republicano piensa que el cambio de orientación de esas leyes, de esas políticas, no provendrá de la comunidad nacional principal, de la española. Lo que le lleva a proponer la independencia de la misma, quedando en manos de la comunidad nacional vasca todas las políticas dirigidas a construir y extender esas conductas de participación política y cooperación social -de republicanismo- antes descritos.