El sindicato de transportistas HIRU denunció ayer la proliferación de «falsas cooperativas de transporte» que utilizan «de forma fraudulenta» esta denominación «para hacer el negocio del siglo», a costa de «ofertar a cualquiera la posibilidad de ser transportista saltándose los requisitos legales».

Estitxu Ugarte (HIRU), que compareció acompañada por Gurutz Gorraiz (ELA) y David Rasines (LAB), acusó a las administraciones competentes -diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y Gobierno de Nafarroa- de haber permitido «el fraude fiscal y el fraude de ley que esta actividad supone», y les reclamó que lleven a cabo inspecciones y adopten las medidas necesarias.

Como ejemplo, Gorraiz explicó el caso de una empresa de transportes que presentó un ERE para 80 personas. Una vez aprobado el ERE, dicha empresa creó una falsa cooperativa con esos trabajadores en unas condiciones «insostenibles» -alquiler del camión, gastos de combustible y averías por cuenta del empleado...- que obligan a permanecer al volante muchas más horas de las legalmente establecidas, con el consiguiente riesgo para la circulación vial.

Los representantes sindicales no dudaron en utilizar el término «semiesclavitud» para definir la situación que sufren estas personas, «muchas de ellas inmigrantes a los que se engaña para firmar contratos con cláusulas totalmente abusivas».

A la precaria situación laboral se suma la competencia desleal con las empresas y los transportistas que sí cumplen con la normativa, y el «fraude fiscal» que supone que «personas que deberían ser conductores asalariados se conviertan en socios de una cooperativa», con lo cual «se dan de alta en el Impuesto de Actividades Económicas sin tener el título de transportistas, facturan a su nombre e incluso se acogen al sistema de tributación por módulos, exclusivo de los transportistas en determinadas circunstancias».

Estitxu Ugarte explicó que en Euskal Herria existen dos tipos de «falsas cooperativas», unas creadas aquí y otras creadas por empresas vascas en zonas como Catalunya, Andalucía y Valencia, donde están permitidas legalmente. Estas últimas son más numerosas y operan en territorio vasco «a mejores precios, a base de permitir que los socios no sean transportistas profesionales, sin cumplir ninguna de sus obligaciones».

Los sindicalistas lamentaron que empresas «referenciales» como Grupo Mondragón contraten servicios de estas cooperativas para abaratar costes.