El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa mostró ayer su preocupación «ante las graves consecuencias que se derivarán de los recortes sociales pactados por el PSE y el PP para modificar la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social».

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez (Bildu), alertó de que «el endurecimiento de los requisitos para el acceso a esta prestación, especialmente el aumento del tiempo obligatorio de empadronamiento de uno a tres años, supondrá la exclusión de miles de personas de la red de cobertura social».

En el caso concreto de Gipuzkoa, desde el organismo foral se indicó que «alrededor de 600 personas se quedarán cada año sin esta prestación económica». Esta cifra se obtiene multiplicando por doce meses el número de personas -en torno a la cincuentena- que solicita mensualmente estas ayudas con un periodo de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca inferior a los tres años.

El departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa recordó que esta prestación se concede «a quienes carecen por completo de ingresos o no alcanzan el nivel suficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social».

Ander Rodríguez subrayó además de que si la tendencia se mantiene como hasta ahora esta cifra irá aumentando año tras año, por lo que en tan solo tres años habrá en Gipuzkoa 1.800 personas más en situación de pobreza, desprotección y riesgo de exclusión social.

También hizo hincapié en que la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta, «no ha dado una sola razón para endurecer los requisitos y excluir a estas personas de la Renta de Garantía de Ingresos. Sin embargo, queda claro que la idea que subyace tras estos recortes sociales es la criminalización, exclusión y persecución de la población pobre y migrante».

A este respecto, el diputado de Política Social calificó de «lamentables» las declaraciones de Zabaleta contra los colectivos sociales que han criticado la reforma, a los que acusó de «utilizar» y «estigmatizar» al inmigrante. «Estas declaraciones son un insulto. Estas plataformas son la voz de los que no tienen voz, y deberían ser escuchadas por la consejera, al igual que los sindicatos, la mayoría de los partidos políticos y las instituciones que nos oponemos a esta reforma», insistió.

Rodríguez agregó que el pacto anunciado por PSE y PP para la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos «supone un retroceso en la consolidación de los derechos humanos», al tiempo que recordó que «la erradicación de la pobreza es un deber democrático».