(...) se pueden hacer todo tipo de valoraciones políticas y jurídicas, incluida la que el Estado y los medios derechistas de Madrid parecen dispuestos de nuevo a pagar a escote una costosa campaña publicitaria a la izquierda abertzale para el 20-N. Pero lo cierto es que el fallo deja en evidencia la vulneración de principios garantistas de un Estado de Derecho: no contiene una sola prueba objetiva y documentada que avale las conclusiones del tribunal de que forman parte de la dirección de ETA. Es un conjunto de opiniones en ningún caso fundamentadas a Derecho. (...) Además, el fallo convierte en absurda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que argumentó en favor de Ibarretxe y Patxi López por sus reuniones con Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale oficial precisamente en la idea de que el diálogo en busca de la paz no puede ser considerado delito. Desde esa lógica, tampoco lo puede ser el diálogo entre los dirigentes de la propia izquierda abertzale con el mismo objetivo de poner fin al terrorismo (...). La Audiencia Nacional tampoco tiene en cuenta la declaración institucional aprobada en el Congreso, y todavía vigente, avalando la vía del diálogo, con ETA incluida, para lograr el final de la violencia. (...) En definitiva, un absurdo jurídico y un despropósito político que no tiene en cuenta ni los valores garantistas del Estado de Derecho ni la realidad de un nuevo tiempo en el que ETA ya no tiene cabida, como dijo el mismo Otegi en el juicio.