La reunión en la Delegación de Trabajo de Bizkaia entre ELA, CIM, UGT, LAB y ESK, centrales convocantes de la huelga de veinticuatro horas el día de Santo Tomás, y los representantes de Metro Bilbao terminó sin acuerdo y, siguiendo la amenaza de un día antes del lehendakari Patxi López, la dirección del suburbano planteó unos servicios mínimos del 90% para el mediodía y del 100% coincidiendo con el partido de Copa del Athletic.

Por el contrario, las cinco centrales mayoritarias plantearon unos servicios mínimos del 30%, como se ha venido produciendo en el resto de los 13 paros llevados a cabo a lo largo de este año para exigir que la dirección de Metro Bilbao cumpla «los acuerdos firmados».

«No estamos hablando de materia salarial, sino de la plantilla necesaria, ya acordada, para garantizar un servicio de calidad. Ni queremos dirigir la empresa, ni queremos decidir quién entra a formar parte de ella, simplemente pedimos que se cumpla lo estipulado en los acuerdos y en el convenio colectivo», dijeron Uxune Iriondo (LAB) y Rafa Valencia (ELA) en una comparecencia ante los medios.

El comité de huelga mostró su malestar por las declaraciones realizadas por el lehendakari y dijo que las mismas, «en vez de colaborar en la búsqueda de una solución de una manera negociada y dialogada, tal y como corresponde en un conflicto laboral como el que sufrimos, solo sirven para distanciar posiciones, justificar actitudes de la patronal y poner a la sociedad en contra de los trabajadores de Metro Bilbao».

Los representantes sindicales reiteraron que el origen del conflicto está en «la falta de respeto a los acuerdos negociados por parte de los actuales gestores del suburbano». En concreto, citaron «la no cobertura de plantilla, un acuerdo que la dirección dijo que era beneficioso para todas las partes», así como «otras imposiciones arbitrarias en materia de servicio de trenes, reestructuración del mantenimiento y reducciones de jornada», que les han llevado a la situación actual.

Cruce de acusaciones

La polémica por la huelga se extendió ayer al ámbito político, con duras acusaciones entre PNV y PSE, sobre todo después de que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, asegurara que existe una «fórmula fácil» para «desatascar» el conflicto, que consiste en que el lehendakari «cese a la incompetente dirección y ponga en su lugar a profesionales», al considerar que en el metro «se han refugiado concejales y alcaldes [socialistas] que se han quedado sin puesto y lo hacen muy mal».

José Antonio Pastor (PSE) le respondió que la manera de arreglar el conflicto es sustituir a los líderes de ELA y LAB, a quienes acusó de convertir el conflicto en «una guerra de guerrillas» y de haberse convertido en una «casta» que actúa «como una mafia».