El pasado jueves la sanidad dejó de ser derecho, entre los muchos recortes incluidos en el Real Decreto-Ley 16/2012, miles de personas han quedado excluidas; algunas por ser jóvenes y no haber tenido la suerte de dar con un contrato laboral de los de verdad, de los que te permiten cotizar. Otras, por encontrarse en situación irregular, es decir, por verse sometidas a una ley de extranjería que les discrimina por no haber tenido la suerte de nacer «aquí», es curioso que la misma ley que asegura su cobertura sanitaria, (como señala el artículo 14 de dicha ley «Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles») se convierta ahora en la causa de su exclusión última: el destierro sanitario.

La medida propuesta por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha salido adelante gracias a los votos del Grupo Popular y con el único apoyo del diputado de UPN. No necesitaban muchos avales, pero sobran las palabras. Menos mal que llevábamos semanas escuchando a la consejera de Salud de Navarra que «la reforma sanitaria en Navarra no busca recortes, sino mejorar la atención del paciente», refiriéndose a demás a las personas en situación irregular en estos términos: «estos inmigrantes serán tan ciudadanos como los que estamos hoy», le faltó matizar «hasta hoy», porque las que figuren empadronadas después del 1 de mayo no van a ser atendidas, entendemos que por no ser «tan ciudadanos», o por lo de evitar el famoso «efecto llamada», argumento perverso que intenta colar como causa migratoria el derecho a la sanidad.

Debe resultar complicado justificar tremendo recorte de derechos y que no quede más remedio que hacer uso de la retórica populista y xenófoba que guardan en la recámara, pero lo que resulta indignante es que traten de convencernos a base de repetir y repetir que la asistencia sanitaria «queda garantizada», porque no lo está, ya no. Han cerrado la puerta y como ocurrió con la renta básica: ya no existe.

Cuando un derecho fundamental es de acceso restringido deja de ser derecho y se convierte en privilegio.

Por eso una vez más exigimos que se adopte una postura proactiva y responsable en la defensa del derecho al acceso a la sanidad en condiciones de igualdad y universalidad para toda la sociedad, tal y como recomienda la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge que «el acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismo criterios que los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones». Asimismo, exigimos la impugnación del Real Decreto-Ley 16/2012, ya que supone una invasión competencial y esta en contradicción con lo dispuesto en la Ley Foral 10/1990 de salud de Navarra y que se adopten todas las medidas necesarias para mantener la prestación sanitaria a la población inmigrante irregular mientras se resuelva el conflicto competencial.