Hacienda crea más dudas sobre la filtración de los datos de Gil
El diputado de Hacienda y Finanzas, el jeltzale José María Iruarrizaga, afirmó ayer en las Juntas Generales de Bizkaia que, tras la investigación interna abierta por la filtración del expediente de Melchor Gil, puede concluir que no hay «el más mínimo indicio» de la implicación de ese departamento. Sus explicaciones acabaron por generar aún más dudas.
Agustín GOIKOETXEA | BILBO
Gran expectación mediática y política ayer en la comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia para conocer de boca del diputado de Hacienda y Finanzas las conclusiones de la investigación interna realizada a raíz de la filtración a cuatro periódicos -entre ellos GARA- del expediente abierto al vicesecretario general del PSE vizcaino, Melchor Gil, y a su esposa por irregularidades tributarias detectadas en torno a la adquisición de un chalé de lujo en la localidad cántabra de Castro Urdiales.
La principal conclusión que quiso transmitir José María Iruarrizaga es que no se ha apreciado «el más mínimo indicio» de la participación de personal adscrito a la Hacienda vizcaina y que tampoco los datos y documentos enviados a las redacciones de los diarios el 12 de marzo de 2012 hubiesen sido obtenidos de sus archivos físicos e informáticos. «Las conclusiones son las que son y son categóricas: no se puede probar que el informe haya salido de Hacienda», dijo.
«La Hacienda foral de Bizkaia -remarcó- no es la única fuente de la que ha podido obtenerse la información y documentación». Este comentario derivó luego en un cruce de reproches, pues de las palabras del portavoz del PNV, Unai Rementeria, se desprendía que el expediente tributario pudo obtenerse en el transcurso de la investigación por parte de la Fiscalía, aunque luego puntualizó que esa no era su intención.
Según obra en el informe «confidencial» de 54 páginas entregado ayer en las Juntas Generales, el 3 de marzo de 2011 y el 27 de enero de 2012 se remitió al Ministerio Público, en soporte papel, los procedimientos administrativos seguidos en el expediente abierto a Melchor Gil. La primera de esas comunicaciones se incluyó en el dosier entregado a los diarios y aparecía de forma visible.
El diputado de Hacienda se detuvo en el hecho de que los primeros papeles llegaron a la Fiscalía en marzo de 2011 y la filtración se produjo un año después. «¿Quién ha tenido acceso a esos papeles? Hacienda, sí; la Fiscalía, también; las partes, también», advirtió, antes de apostillar que el representante legal de Gil Llanos es un inspector de Hacienda en excedencia que conoce los entresijos de la Administración foral.
Para entonces, Iruarrizaga había tenido ocasión de lamentar que la Diputación no tuviera conocimiento de la denuncia penal interpuesta por el vicesecretario general del PSE de Bizkaia por la filtración de datos fiscales confidenciales, que también presentó ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. La institución foral quiso personarse «porque se insinúa -explicó el diputado de Hacienda- que la Diputación está involucrada en este tema, pero desde el juzgado no nos han pedido información y la parte demandada ha dicho que no quiere que la Diputación esté personada y el juez nos ha denegado la personación».
Antes, precisó que «todas las personas que han tenido acceso» al expediente del cuñado del lehendakari Patxi López -142 componentes de la plantilla foral- estuvieron «autorizadas para ello en atención a sus funciones y cargos, y sometidas al deber de sigilo más escrupuloso en relación con los datos que conozcan en el ejercicio de su labor profesional». Tras las pesquisas, ordenadas el 13 de marzo por el director general de Hacienda y cuyo informe se terminó el 29 de mayo, quiso resaltar que los sistemas de seguridad de los que disponen son los que establece la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Cientos de páginas
En cuanto al envío del expediente de Gil al Ministerio Público para que determinase si existió el presunto delito fiscal, el diputado foral aclaró que «en los últimos años hemos remitido expedientes a la Fiscalía en relación con delitos diferentes contra la Hacienda Pública hasta en una decena de casos», siempre después de que dos subdirectores y tres jefes de sección analicen la cuestión.
Iruarrizaga aseguró que «desconoce el contenido concreto de la documentación» que se hizo llegar a los diarios -206 hojas fotocopiadas por las dos caras, a las que acompañaban otros dos folios pidiendo justicia contra la corrupción-, lo que había supuesto «una dificultad adicional para la realización de la investigación interna». Más tarde, en el transcurso del debate, desveló que los distintos expedientes abiertos al dirigente del PSE vizcaino y su cónyuge superaban las 600 páginas.
El origen de la polémica está en la filtración del expediente remitido a la Fiscalía para que determinase si había delito en el origen dudoso de 419.076 euros con los que Melchor Gil y su esposa compraron un chalé en Castro Urdiales.
El juntero de Bildu Joseba Gezuraga lamentó que, dos meses y medio después de que se iniciase la investigación en el seno de la Hacienda vizcaina, no se haya sido capaz de detectar el origen de la filtración. El apoderado, que estimó «excesivo» el tiempo empleado, alertó de que expedientes sensibles como el de Melchor Gil puedan ser consultados hasta por 142 personas, tal y como desveló el diputado de Hacienda y Finanzas.
El portavoz del primer grupo de la oposición insistió en que los contribuyentes vizcainos deben continuar estando preocupados. «Si la filtración no ha salido de Hacienda, ¿de dónde ha salido?», preguntó.
Tampoco gustaron las explicaciones al PSE, ya que su portavoz, Iñaki Egaña, dijo que le habían «defraudado» las conclusiones. «Son pobres y no nos satisfacen», añadió, al tiempo que incidió, al igual que Gezuraga, en que 142 trabajadores de Hacienda hubieran tenido acceso a la información fiscal de su compañero de partido. «Parece turismo fiscal», apuntó con sorna.
Desde el PP, Esther Martínez insistió en su petición para que se constituya una comisión de investigación en la Cámara. «No hemos visto transparencia», dijo. A.G.
