Veinte expertos en Derecho electoral se reunían ayer en torno la ponencia encargada por el Ministerio del Interior español para alterar el censo con el objetivo de que personas que no están empadronadas en este país puedan votar en sus comicios. Sostienen los promotores de esta iniciativa que se trata de personas que huyeron de ETA, de «exiliados», pero la ponencia plantea que puedan votar todos aquellos que hayan residido «durante un determinado tiempo» en la CAV y Nafarroa y posteriormente se hayan trasladado a otros lugares, empleando un argumento no menos escandaloso: la dificultad de probar las razones por las que abandonaron esos territorios.

Jorge Fernández Díaz afirmó que su partido no está haciendo cálculos electorales con esta iniciativa, agregando que hacerlo sería una mezquindad. Es una mezquindad. Y es también una maniobra antidemocrática que, por mucho que el titular de Interior pretenda negarlo, busca réditos hasta el punto de pretender un mapa electoral que no tenga nada que ver con la sociología del país. El presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, lo dejó claro cuando hace unos meses ligó directamente el número de posibles nuevos votantes a los sufragios obtenidos por Bildu en las elecciones municipales. ¿Pretende negar el ministro que la práctica totalidad de esos votos irían a parar a su partido?

El ministro había afirmado que las dificultades jurídicas que entraña su propuesta son superables, y puso como ejemplo de ello lo ocurrido con la Ley de Partidos. Ese es su modelo, cualquier cosa menos respetar la voluntad de la sociedad vasca. Esa es la «finura jurídica» anunciada por Fernández Díez, cuyo partido es consciente de la debilidad de su posición política y está buscando resquicios para aplicar un nuevo pucherazo de enormes y absurdas dimensiones que exigiría, en el caso de que esa ponencia siguiera adelante, una respuesta de las mismas proporciones por parte de la sociedad vasca.