La primera devolución de una iniciativa legislativa, el proyecto de Ley de Juventud, al Gobierno de Lakua desde la ruptura del pacto entre PSE y PP ilustra la situación de extrema debilidad de ese Gobierno, y ninguna declaración del lehendakari, como la que hizo ayer afirmando que «Euskadi está haciendo los deberes», puede solapar la necesidad de convocar elecciones. Esa necesidad no es nueva, teniendo en cuenta el origen del actual Ejecutivo, cuya legitimidad solo su «socio preferente» defendía, una falta de legitimidad que quedó de relieve cuando el sector social excluido del Parlamento vasco concurrió a las elecciones municipales y forales y posteriormente a las estatales. Tras la retirada del apoyo del PP, aunque fuera por intereses tan partidarios como los que le llevaron a aupar a Patxi López a la Lehendakaritza, parece más que lógico, y también necesario, finalizar la andadura de un Gobierno que nunca debió ser. La votación de la Ley de Juventud que ayer dejó solo al partido gobernante no es sino una muestra de la debilidad de un gabinete que por un mínimo respeto a los ciudadanos y ciudadanas no debería seguir prolongando su agonía.