A fecha de hoy, viajar en autobús, trabajar, solicitar una baja por maternidad o hacer la declaración de la renta únicamente en euskara sigue siendo, a pesar de avances puntuales, misión imposible para cientos de miles de euskaltzales de este país. Así de cruda y real es la conclusión que se puede extraer del informe anual sobre derechos y vulneraciones lingüísticas presentado ayer en Iruñea por Hiz- kuntz Eskubideen Behatokia, como viene haciendo desde hace ya una década. Apunta que, a pesar de algunas mejorías en casos puntuales, «se sigue constatando que tanto en el trabajo como en el transporte o las rela- ciones sociales, existen trabas a la hora de poder utilizar el euskara con normalidad», subrayó ayer Garbiñe Petriati, directora de Behatokia.

Petriati, que estuvo acompañada de Xabier Maritorena en la presentación del informe de Behatokia de 2011, incidió en ello, señalando que «la situación y los problemas de pasados años no han cambiado», en la medida en que los derechos lingüísticos de decenas de miles de euskaltzales siguen siendo vulne- rados «en todos los territorios y en todas las administraciones de Euskal Herria».

Por ello, consideró que «hay que poner todos los medios para dar salida a esta situación que causa impotencia a muchísimos euskaltzales», ya que «los informes recibidos por Hizkuntz Eskubideen Behatokia no son una excepción, sino una parte importante de la realidad», afirmó su directora.

En ese sentido, recordó que la responsabilidad de proteger y fomentar el euskera «recae en las propias administraciones que lo incumplen día sí y día también« por lo que consideró que estos ejecutivos están haciendo una «dejación de sus funciones lingüísticas». Behatokia añade que para que una lengua llegue a alcanzar su normalización «debe llegar a todos los estratos de la sociedad, cosa que ahora no está ocurriendo».

Constantes trabas

A su lado compareció Xabier Maritorena en representación de todas esas personas anónimas que han participado en la labor de Behatokia durante este año, mediante sus llamadas a Euskararen Telefonoa, donde se recogen estas quejas.

Maritorena relató una jornada cualquiera de su vida, en la que encuentra «múltiples obstáculos» para poder hacer «una vida normalizada en euskara». Puso ejemplos como el transporte en autobús: «Cuando estoy esperando en la parada, me voy dando cuenta de que los nombres de algunas paradas están escritos únicamente en castellano, cuando me monto en los autobuses hay muchos choferes que no saben euskara...» Continúa en su centro de trabajo, dado que «aunque la gran mayoría seamos euskaldunes, en muchas ocasiones acabamos pasándonos al castellano porque algunos compañeros no saben euskara». Y suma y sigue...

Maritorena dijo que «un día decidí que esta situación no podía seguir así». Presentó sus denuncias ante Behatokia, que se puso en contacto con los responsables, porque «tenía claro que la única manera de provocar un cambio sustancial era denunciarlo, hacerlo visible ante la sociedad», explica.

Petriati hizo suyas las palabras de Maritorena: «Es absolutamente necesario concienciar a la gente de que el único camino para poder vivir en euskera es denunciar, ante nosotros o ante otras entidades, las irregularidades o deficiencias», ya que «muchas veces se deja pasar ese tipo de situaciones, eternizándose el problema». Animó a todas las personas que sean testigos y sufran vulneraciones a que «las denuncien, y lo hagan sin dudarlo, convencidas de que va a servir para algo».

Falta de pasos eficaces

En el informe presentado ayer, además de algunos datos en torno a la procedencia de las denuncias y su desglose, se hace una evaluación general de la situación, que toma en cuenta los informes de años anteriores para contextualizar este último estudio.

En ella, se emplaza a las diferentes administraciones e instituciones de todo el país a que den pasos «nuevos y eficaces» que ayuden a paliar «la impotencia que muchos euskaldunes sienten a diario». Apuntaron que, «aunque Behatokia intente no mirar demasiado a los datos», las más de mil denuncias presentadas durante el pasado año «no hacen más que reforzar esta tesis».

En ese epílogo se concluye que la situación «no ha variado demasiado» en relación a 2010 o a otros años anteriores, ya que «la imposibilidad de vivir en euskara» sigue estando «absolutamente vigente».

En un análisis más pormenorizado, el informe concluye que las administraciones españolas y francesas «siguen funcionando únicamente en su lengua, pisoteando los derechos de quienes quieren ser atendidos en euskera».

La situación también sigue en parecidos parámetros en la CAV, donde la decisión de no multar a los establecimientos que no utilicen ambos idiomas en sus rótulos supone «un paso atrás». Y qué decir de Nafarroa, donde «la política de pisotear los derechos del euskara y de los euskaldunes» se mantiene o incluso se lleva a efecto ahora «con más fuerza que nunca».