Alteración del censo electoral vasco
Proponen que pueda votar en Euskal Herria cualquiera que haya vivido aquí
La ponencia encargada por el Ministerio de Interior para su debate plantea que no haga falta demostrar que hubo antes presiones, sino que basta haber estado domiciliado en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa o Nafarroa en algún momento anterior
Alberto PRADILLA - Iñaki IRIONDO
La realidad ha vuelto a superar a la más alucinante de las ficciones. Ya ni siquiera será necesario ser un «exiliado» por la amenaza de ETA para poder votar en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa viviendo fuera. Bastaría con que cualquier persona que haya residido un tiempo en estos territorios y quiera en adelante ejercer aquí su derecho a voto pase por la Oficina del Censo Electoral cuando se abra el plazo y lo solicite.
Esta es la propuesta que defiende la ponencia encargada por el Ministerio de Interior al profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y letrado de las Cortes Generales Fabio Pasqua y cuyos principales extractos difundió en la tarde de ayer la agencia Europa Press.
La ponencia fue repartida entre los expertos convocados en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un órgano dependiente del Ministerio de Presidencia, con el objeto de participar en su seminario organizado por Interior con el nombre de «Residencia y Derecho de Sufragio. Análisis del caso vasco».
La mayoría de los invitados son de la órbita política del PP y asociaciones como el Foro Ermua. La nota de agencia añadía que el ponente recibió las felicitaciones casi unánimes del grupo de veinte teóricos reunidos al efecto.
Según señala Pasqua, se trata de «una reforma razonablemente practicable, esto es, sin modificar ni la Constitución ni los Estatutos de las dos comunidades autónomas afectadas y limitándose a una alteración de preceptos concretos de la LOREG». El PP dispone de la mayoría suficiente para sacar adelante esta reforma en solitario.
Basta haber estado censado
Para acogerse a la posibilidad de votar en Euskal Herria no sería necesario probar que quien lo solicite dejó el territorio por la amenaza de ETA o cualquier otra razón relacionada. Podrán beneficiarse «todos los electores que hayan estado avecindados en el País Vasco o Navarra y posteriormente se hayan desplazado a otra parte del territorio nacional» antes de la entrada en vigor de la reforma.
Lo que sí contemplaría es la «exigencia de una cierta estabilidad en la domiciliación» en Hego Euskal Herria, fijando «como requisito que esta se haya mantenido durante un número mínimo de años».
El ponente justifica su sorprendente propuesta en «la dificultad de probar las razones que llevaron al abandono del domicilio en el País Vasco, así como por imperativos constitucionales derivados del derecho a no responder sobre la propia ideología, religión o creencias».
En un plazo cerrado
Si esta reforma de la Ley Electoral saliera adelante, se abriría un plazo de «entre tres y seis meses» para que las personas que quisieran pudieran acogerse «por una sola vez» a este cambio, para pasar a estar censados en su último domicilio de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa o Nafarroa.
Según los extractos hechos públicos por la agencia Europa Press, «quienes así lo solicitasen ante la Oficina del Censo Electoral, mediante un formulario tipo que pudiera facilitárseles, serán incluidos en la sección del Censo correspondiente a su último domicilio acreditado en el País Vasco o Navarra, con la correspondiente baja en la sección censal de su domicilio actual y con validez para todos los procesos electorales».
Para todas las elecciones
Una vez realizado el cambio para votar en el último domicilio acreditado en Euskal Herria, esto afectaría a todas las elecciones y no se contempla la posibilidad del doble voto en dos lugares.
Para el autor de la ponencia, el cambio no resulta problemático ni en las elecciones europeas, ni en las de Cortes Generales ni en las municipales. Tan solo pueden tener «alguna complejidad adicional» los comicios autonómicos y forales, puesto que están regulados por el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento. Pero esta «complejidad» se salva aduciendo que la LOREG se impone con carácter vinculante a los «legisladores autonómicos».
Es decir, el PP puede hacer con su mayoría absoluta en las Cortes españolas un cambio de las reglas de juego electorales que sea rechazado por amplísima mayoría en los territorios a los que va a afectar directamente y cuyo mapa institucional puede alterar gravemente.
Si la posibilidad de conceder el derecho a voto en Euskal Herria a aquellas personas que habían tenido que salir aduciendo amenazas ya había suscitado controversia, el intento de abrir la reforma del censo a todos quienes se hayan marchado por la razón que sea hace prever una enorme tormenta política.
La propia ponencia ya contempla «la reacción política que pueda suscitarse». Fabio Pasqua señala que «lógicamente, dado el perfil ideológico que predomina en la conocida como `diáspora vasca', es presumible que surja oposición a una reforma en el sentido citado, incluso con la interposición de las correspondientes acciones ante el Tribunal Constitucional». Pero, aun así, sostiene que «las razones de conveniencia y oportunidad política quedan al margen» del trabajo teórico que se le había encomendado desde el Ministerio de Interior del Gobierno español.
Los debates entre los veinte expertos se desarrollaron mañana y tarde a puerta cerrada. El grupo de trabajo volverá a reunirse este mismo mes, en el plazo de unos quince días, y los debates continuarán después dada la complejidad de algunas cuestiones. La reforma podría no estar lista para las autonómicas de la CAV. GARA
«Cuando se puso en marcha la Ley de Partidos hubo quien dijo que no pasaría la prueba del Constitucional. Se hizo. No es más difícil esta iniciativa que aquella». Con este paralelismo, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, equiparó ayer su propuesta para alterar el censo de Hego Euskal Herria con la ilegalización de la izquierda abertzale.
En su discurso, el ministro apuntó que «es verdad que se trata de un tema complejo en términos jurídicos. Pero también es cierto que muchos de los grandes avances en la defensa de la libertad frente al terrorismo han ido precedidos de pasos firmes y decididos en el mundo del Derecho, que algunos calificaban como imposibles o temerarios. No olvidemos, por ejemplo, la contribución decisiva que la Ley de Partidos ha supuesto para la derrota de ETA, a pesar del escepticismo inicial que existía acerca de la viabilidad de una disposición legal como esta».
Pese a las dificultades que todos los analistas sostienen que tiene la reforma, y que han sido salvadas por elevación en la ponencia presentada, ayer el ministro dejó claro que «el Gobierno tiene plena voluntad de sacar adelante la iniciativa, si los expertos concluyen que es viable en términos jurídico-constitucionales. Este Gobierno sabrá estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos, especialmente cuando constituyan la respuesta a intolerables situaciones de mutilación de derechos».
Madrid pretende presentar la decisión de alterar el censo como una cuestión de «justicia» y «reparación del daño causado por ETA», organización que, según Jorge Fernández, «ha pretendido doblegar con las armas la voluntad de quienes se resistían a adherirse a su fanatismo paranoico. ETA ha querido crear un país de independentistas y radicales».
Al ser una cuestión de principios y no de números, el titular de Interior no quiso entrar en cifras, sobre a cuántas personas podría afectar, aunque reconoció que «tenemos una estimación, pero darla me contradeciría [sic]». Sin embargo, se aventuró a comentar que las cifras «no son nada desdeñables».
Según el ministro, sus próximos pasos están vinculados al dictamen. «Si dicen que no se puede, no se puede», aseguró, para después remarcar que aprovecharán la «mínima posibilidad» para sacar adelante la iniciativa. A pesar de la supuesta apelación al «consenso», Fernández también recordó que basta con la mayoría absoluta del PP para modificar la norma. «Podríamos hacerlo», dijo.
En cuanto a los plazos para llevar a cabo la reforma, puntualizó que «la magnitud del asunto que tenemos entre manos exige que le dediquemos el tiempo que sea necesario. El Gobierno no frivoliza con un asunto de estas dimensiones y, por ello, no quiere forzar los tiempos. Estamos abordando una cuestión de Estado y, para ello, es preciso tener un horizonte temporal lo suficientemente amplio».
El Partido Popular no cuenta por ahora con el apoyo explícito de ninguna otra formación en el Congreso, salvo UPN, para sacar adelante esta reforma y, aunque numéricamente no la precise, la cuestión es suficientemente importante para buscar consensos.
De momento, ni siquiera el Gobierno de Lakua comparte la iniciativa. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, repitió ayer que «tiene muchísimas dificultades desde el punto de vista jurídico para salir adelante, también algunos inconvenientes políticos y, por supuesto, muchas dificultades incluso para su aplicación».
Visto el contenido de la ponencia filtrado ayer, el revuelo político y social está asegurado. I.I.-A.P.
