La Asociación de Vecinos de Sanduzelai, que llevó a los tribunales la construcción de la nueva cárcel de Iruñea, criticó ayer que la sentencia se haya publicado cuando las obras están terminadas, los presos ya han sido trasladados y cuando todo resulta ya irreversible. El Tribunal Supremo dictaminó el miércoles que la macrocárcel se edificó sin el preceptivo informe de impacto ambiental, pero su sentencia se convierte en una mera constatación, sin efecto real. A este respecto, los vecinos recuerdan que el TS pudo haber paralizado las obras de forma cautelar, pero prefirió no hacerlo y esperar a que se promulgara la sentencia. Cuatro años después, los vecinos siguen exigiendo explicaciones y que los responsables de haber acometido unas obras sin los permisos pertinentes asuman sus responsabilidades. A su juicio, «la Administración tendrá que razonar y justificar lo que hasta ahora no ha hecho: que la colina de Santa Lucía es la única y mejor alternativa de ubicación de la nueva cárcel». Los vecinos culpan de la irregularidad al Ejecutivo español, al Gobierno y al Parlamento navarro («por hacer como el avestruz») y al Ayuntamiento de Iruñea. Agradecen también a todos los vecinos que protestaron contra esas obras ilegales.