Más de medio centenar de familias firmaron ayer en El Arenal de Bilbo un manifiesto contra «la vulneración de derechos de Lanbide» que se está cometiendo contra las personas que se encuentran en la exclusión social o en la pobreza al haber perdido su empleo y las prestaciones derivadas del paro.

Denunciaron «prácticas carroñeras» para deshacerse de demandantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) «contestando tarde», «perdiendo expedientes» o «paralizándolo por procedimientos de suspensión cautelar, que no están amparados en la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos, y que Lanbide se comprometió a no utilizar a lo largo del último año en numerosas ocasiones, incluso ante las recomendaciones del Ararteko», como reconoció Alex Henares.

Porque, como explicó, «estas suspensiones cautelares implican no poder ejercer el derecho a la defensa y la audiencia previa antes de ser efectiva la sanción; así como una posible extinción de la prestación si no se levanta dicha suspensión, lo que impide volver a solicitarla en el plazo de un año si Lanbide no responde a los recursos».

Al principio, según explicó Henares «creímos que esta política se debía al desbarajuste que Lanbide tuvo al comienzo del año al asumir el control de la renta básica, pero en este momento vemos que es una política premeditada para quitarse de encima a los demandantes de estas prestaciones económicas que son un derecho para todas aquellas personas que se encuentren en la exclusión y la pobreza».

Naia González se dedica a las artes escénicas. Está en paro y lleva cobrando la RGI desde hace cinco años. Criticó que «no es que no haya trabajo, sino que no se reparte» y explicó que «en países de abundancia, si somos pobres es porque no hay justicia». Recordó en declaraciones a GARA que, incluso, Lanbide utiliza las nuevas tecnologías, como el correo electrónico o los mensajes a través de teléfonos móvil, de «forma perversa». Se explica: «Nos envían, se supone por esas vías, la huella digital, pero he comprobado en dos ocasiones que utilizando esa nueva tecnología no han funcionado. Me he salvado porque lo he comprobado al acercarme en tiempo y fecha a corroborar que seguía en paro y sin recursos». Dijo que «si no sellas en el plazo adecuado, te suspenden o quitan la prestación. Saben que no funciona, pero lo siguen haciendo para quitarse gente de encima. Es una barbaridad».

Para ella, «en países de abundancia como éste, si somos pobres es porque no hay Justicia Social», lamentó y denunció que el Gobierno de Patxi López «nos quitó un 7% de las míseras prestaciones a quienes no tenemos nada. Una vergüenza».

Bagara Diege es emigrante y denunció que le retrasaron la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos en el Ayuntamiento de Barakaldo y cambiaron la legislación sobre los emigrantes, «con lo que le han dejado tres años para que regularice su situación». Denunció que malvive, porque «no puedo pagar el alquiler». Se siente desprotegido con Lanbide.

A Fernando Bravo se le terminaron los recursos del Plan Prepara y comunicó a Lanbide que se le terminaba, pero denunció que «no le pagan lo que le corresponde». Por ello, hizo un llamamiento para que «Lanbide tenga la misma prestancia para pagar que para sancionar, que para esto están ágiles y son rápidos».