El PSN dio ayer un balón de oxígeno al Gobierno de UPN al votar en contra de una moción presentada por los grupos de la oposición (Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai) en la que se reclamaba que el servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Nafarroa vuelva a ser público, ante la evidencia de que la comida que ofrece la empresa Mediterránea de Catering no cumple con los mínimos necesarios, como han demostrado las quejas de los pacientes ingresados.

Pese a que Samuel Caro, portavoz del PSN, reconoció estar preocupado por las quejas de los pacientes, señaló que el mes que ha transcurrido desde que se privatizaron las cocinas no es tiempo suficiente para reclamar que se vuelva al sistema público. «Hay cierto margen para encauzar el sistema», dijo. Y votó junto a UPN y PP.

Curiosamente, la consejera de Salud, Marta Vera, informó en el Parlamento de que su departamento ha abierto un expediente a Mediterránea de Catering debido a las 531 reclamaciones de pacientes recibidas en este primer mes con cocinas hospitalarias privatizadas.

«Las quejas han disminuido y el servicio ha mejorado. El periodo de adaptación de la empresa ha sido más largo que el esperado», añadió Vera, que volvió a acusar al sindicato de LAB de entorpecer la aplicación del nuevo sistema de entrega de alimentos. «Se negaron a transportar carros, repartir bandejas, a desenchufar el carro del suministro eléctrico», afirmó.

La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, respondió que «parece que es el sindicato LAB el que da azúcar a los diabéticos» y recordó que «se han entregado purés incomibles, zumos industriales y las bandejas sucias». «No se han puesto los medios para subsanar los errores, que se siguen produciendo», añadió, destacando que los problemas en la alimentación tienen influencia en los tratamientos.

Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai) subrayó que se ha perdido calidad con la privatización de las cocinas y recordó que los grupos de la oposición no están en contra del sistema de cocina en frío ni de la unificación. «Rechazamos la privatización», destacó.

Marisa de Simón (I-E) acusó a Vera de ser incapaz de gestionar como un servicio público lo que una empresa privada hace para obtener beneficios y lamentó las pérdidas de empleos que se han registrado con la privatización, especialmente de mujeres.

Patxi Leuza (Geroa Bai) destacó que la situación no ha mejorado y que si las quejas se han reducido es porque se ha comprobado que no son útiles y los impresos se han terminado. Destacó que las dietas especiales brillan por su ausencia y que los trabajadores de Osasunbidea tienen que comprobar los carros, lo que provoca sobrecarga de trabajo.

Trabajadores de las cocinas se concentraron ante el Parlamento mientras Vera intervenía.

Por otra parte, el Gobierno acordó con alcaldes de Lizarraldea mantener el consultorio de Abartzuza, amenazado de cierre por los recortes.