El copago farmacéutico entró ayer en vigor en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -en Nafarroa lo hizo hace un año- generando tantas dudas como indignación, lo que desde Lakua tamizaron con la socorrida alusión a la ausencia de «incidentes». Siendo improbable que los responsables del Ejecutivo esperaran que se produjera algún tipo de percance, riña o pelea a la entrada de las farmacias, resulta más destacable el hecho de que en apenas unas horas el servicio de atención a la ciudadanía hubiera recibido doscientas llamadas. «Incidentes» no hubo, pero es evidente la desazón que esta medida ha generado en la sociedad.

El repago, término que describe con mayor precisión el Decreto Ley 16/2012, es una medida recaudatoria injusta, en tanto afecta a los bolsillos del conjunto de la ciudadanía para hacer frente al derroche de unos pocos, de aquellos que han dejado las arcas públicas tiritando. Estamos ante un nuevo capítulo del maltrato que desde las instituciones se está sometiendo a los verdaderos paganos de la crisis, que además golpea con especial rigor a los sectores más desfavorecidos. Jubilados y jubiladas que en muchos casos perciben pensiones irrisorias -que algunas veces permiten subsistir a hijos y nietos-, desempleados con subsidio, sea este de la cuantía que sea, y personas migrantes aparecen como grandes damnificados de una norma que lleva el sello del PP y ha sido apadrinada por el PNV.

Argumentar que la cantidad a pagar va a ser pequeña es un indicador de lo alejados que ciertos mandatarios se encuentran de la realidad cotidiana de miles de personas que con gran esfuerzo consiguen pasar las hojas del calendario. Lo que a Jon Darpón le parece poco, para mucha gente es un mundo. Por otra parte, más allá de la cantidad que cada usuario vaya a tener que abonar por los medicamentos, el repago atenta contra un principio que hasta ahora parecía arraigado en nuestra sociedad y supone el enésimo golpe a los cimientos de aquello que una vez fue llamado estado del bienestar.