Los grupos de la oposición, salvo el PP, que votó en contra, aprobaron ayer en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa la admisión a trámite de la proposición de ley de PSN, Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai que pretende paralizar los despidos en las empresas públicas.

Esta proposición modifica la ley de creación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) estableciendo la obligación de la autorización previa del Parlamento para operaciones de transmisión o enajenación de las participaciones en sociedades públicas; la fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas; y la presentación de ERE y planes de reestructuración de plantillas.

En una disposición transitoria, se establece que esta autorización de la Cámara será necesaria para cualquier opera- ción de ese tipo iniciada desde el 1 de enero de 2013, lo que afectaría a la reestructuración de plantillas planteada en mayo por el Gobierno foral.

Ganasa reduce despidos

Entretanto, la dirección de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra (Ganasa) trasladó ayer a los representantes de los trabajadores una nueva propuesta de reestructuración que reduce a la mitad, de 65 a 32, el número de extinciones de contrato que había previsto inicialmente.

En concreto, reduce el número de bajas mediante una menor subcontratación exterior (10 empleos) y por la ampliación de excedencias (3 empleos). Además, propone transformar el ERE de extinción en uno mixto con suspensión temporal de empleo para 20 trabajadores, a aplicar durante 180 días en 2014.

Asimismo, plantea 32 extinciones de empleo, que afectarían a 12 empleados mayores de 55 años a los que indemnizarían con 25 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, y la firma de un convenio especial con la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Por otra parte, la Junta de Portavoces del Parlamento aprobó también ayer por unanimidad una declaración institucional en la que insta al Ejecutivo a que intervenga «activamente» para posibilitar un acuerdo entre la propietaria de Inasa y el grupo inversor. Además, insta al Gobierno a que, después de la última oferta del grupo inversor, haga las gestiones necesarias para paralizar la ejecución de venta de maquinaria y medie en el traspaso de Inasa. También le pide que que impulse, con todos los medios a su alcance, el objetivo de reabrir la planta de Irurtzun, incluyendo la posibilidad de participar como inversor en el nuevo proyecto.

Por otra parte, UPN, PSN y PP aprobaron el documento de conclusiones de la Mesa del Empleo, un informe que fue criticado por Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai.