El golpe de estado protagonizado por el Ejército egipcio se tradujo ayer en la detención de los principales líderes de los Hermanos Musulmanes, la instauración de un nuevo orden bajo estricto control militar y ataques contra la libertad de expresión. Además, se produjeron enfrentamientos entre partidarios de Mohamed Mursi y las fuerzas armadas, que se saldaron con la muerte de varias personas. Se cumple el guión habitual que acompaña a una asonada de este tipo, y aunque los mandatarios depuestos han intentado templar los ánimos de sus seguidores, está por ver cuál es el desenlace de este lamentable capítulo en la historia de la república árabe.

De partida, la situación es muy preocupante, no solo para los cuadros islamistas que están siendo sometidos a persecución, o para los millones de personas que hace solo unos meses otorgaron a Mursi una mayoría en las urnas. El peso político y demográfico de Egipto, su carácter referencial en el mundo árabe y su ubicación geográfica deberían ser motivo suficiente para extender esa inquietud más allá de sus fronteras -¿a quién le interesa un avispero en aquel país?- y, por supuesto, la pesadumbre debería ser generalizada entre quienes aún creen en las virtudes de la democracia.

Porque uno de los elementos más deplorables del alzamiento militar ha sido la cascada de reacciones que le ha sucedido. La alegría de las monarquías del Golfo retrata su conocida aversión a la democracia y, en este sentido, el contrapunto cínico de algunos países occidentales e instituciones es incluso peor. Apelar a que se restaure un gobierno civil «lo antes posible» sin condenar lo ocurrido es una forma de avalar el golpe, término que incluso han evitado usar algunas cancillerías. Asimismo, ciertos medios ni siquiera se han andado con matices, aplaudiendo lo que alguno ha calificado incluso de «golpe militar democrático», un oxímoron que se erige en símbolo perfecto de la desfachatez que atenaza a esta profesión en los albores del siglo XXI.