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Aralar pide que no entren en vigor las medidas sobre negociación colectiva incluidas en la reforma laboral

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Aralar reclamó ayer la suspensión de la entrada en vigor, el próximo lunes 8 de julio, de las disposiciones sobre negociación colectiva contenidas en la reforma laboral ya que «no existe una interpretación unánime» sobre ellas y provocarán la «inseguridad jurídica» y «existencial» de miles de trabajadores.

El coordinador general y la secretaria de organización de Aralar, Patxi Zabaleta y Rebeka Ubera, respectivamente, trasladaron en rueda de prensa esta solicitud al Gobierno de Gasteiz, al de Iruñea y al Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que exigieron la derogación de la entrada en vigor de las medidas sobre negociación colectiva «vía Real Decreto».

Zabaleta señaló que el «desacuerdo» sobre el contenido e interpretación de las medidas referidas a la concertación laboral ha «superado» el nivel de debate entre profesionales y técnicos y ha alcanzado a sindicatos, organizaciones sociales y políticas.

En esta línea, remarcaron que «es muy serio y trascendental que las discrepancias en la interpretación de las normas o incluso las discrepancias tácticas esenciales hayan llegado al nivel de la división en la acción sindical».

La formación augura ante esta situación un «infinito» número de pleitos y que «quizá con el tiempo la jurisprudencia unifique las interpretaciones, pero a costa de haberse perdido en el camino infinidad de derechos».

Los representantes de Aralar aseguraron que tienen constancia de la existencia de compañías que tienen la intención de modificar las nóminas desde el mismo día 8 de julio para establecer como sueldo base el salario mínimo interprofesional e imponer la pauta de la no aplicación de los convenios o descuelgues.

Aunque confiaron en que «la mayoría de empresas actuarán con sensatez», apuntaron que «las garantías de una actuación honrada, es decir, la posibilidad de blindaje de los derechos laborales es lo que está precisamente en el quicio del debate».

Por ello, animaron a todos los agentes políticos, sociales y sindicales a reclamar la suspensión de la entrada en vigor de la reforma sobre la negociación colectiva.

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