El proceso soberanista catalán ya tiene constituidas las tres patas sobre las que avanzar. A la acción de Govern, asesorado por el Consell Nacional per a la Transició Nacional, y al Pacte Nacional por el derecho a decidir, en el que confluyen los sectores sociales y económicos, se le sumó ayer la comisión parlamentaria de estudio sobre el derecho a decidir, constituida por diputados de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP. Un arco parlamentario que suma 107 escaños en el hemiciclo catalán, de un total de 135.

La comisión, prevista por la Declaración de Soberanía del 23 de enero, está presidida por la propia presidenta del Parlment, Núria de Gispert, que contó con el apoyo de todos los grupos integrados en ella a excepción del PSC. Una presidenta que destacó «la importancia» de la nueva instancia, la cual «deberá compaginar su acción con la del Govern y el Pacto Nacional». De Gispert también insistió, en relación a la ausencia del PP y Ciutadans, en que la puerta de la comisión «sigue abierta», añadiendo que «sería positivo que participasen».

En la sesión de ayer, los representantes de los partidos apenas realizaron una pequeña declaración de intenciones, entre las que cabe destacar la del portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, como anticipo de las tensiones que se darán en la comisión. Pese a que el PSOE, a través de Ramón Jáuregui cerró esta misma semana la puerta al derecho a decidir por enésima vez, Lucena se empeñó en repetir, también por enésima vez, que la consulta solo será posible «si es legal y acordada».

Sobre las funciones de la comisión, sus impulsores la definieron como la instancia en la que estudiar posibles escenarios y analizar e impulsar las iniciativas políticas que permitan allanar el camino hacia la consulta sobre el futuro político de Catalunya. Servirá, además, para centralizar más el debate político soberanista en el Parlament, en vez de en el acuerdo bilateral entre CiU y ERC.

Referéndum vinculante

El Parlament acogió también ayer la presentación del `Manifiesto por el derecho a decidir', firmado conjuntamente por las organizaciones juveniles de CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y PSC, en el que se comprometen a «impulsar y defender la convocatoria de un referéndum para que Catalunya pueda ejercer el derecho a decidir su futuro democráticamente y de forma vinculante», para lo que piden «una pregunta clara, una respuesta clara y una mayoría clara».

Las organizaciones juveniles de las formaciones políticas aseguraron, además, que tratarán de «promover la participación del movimiento asociativo juvenil en el proceso» y reclamaron «garantizar la participación de los y las jóvenes también de entre 16 y 18 años», equiparándolos «en derechos y deberes a los mayores de edad».