La ministra de Empleo compareció ayer en el Congreso en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde justificó la reforma aprobada por su Ejecutivo señalando que el déficit acumulado de la Seguridad Social hasta 2016 llegará a los 36.500 millones de euros. En este sentido, señaló que hasta finales de año, tendrá que sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la hucha de las pensiones- 6.148 millones, de los que 720 se sacaron ayer.

De acuerdo con sus cifras, durante 2012 y 2013 el sistema habrá consumido 23.631 millones del Fondo, que, hasta hoy, estaba dotado con 59.385 millones.

Por ello, defendió la reforma de las pensiones y reiteró que la misma no mermará el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que la subida del 0,25% fijada para 2014 puede ser mayor en situaciones de bonanza económica. Emplazó también a los partidos a que presenten sus propuestas durante el trámite parlamentario porque la subida «puede ser mayor del 0,25% si así lo deciden las Cámaras».

Además, aludió a medidas como la Ley de Desindexación en la que trabaja el Ejecutivo que, al desvincular la actualización de los precios públicos del IPC, «contribuirá a contener la inflación», lo que permitiría, según la ministra, que «las pensiones vean aumentado el poder adquisitivo con incrementos menores de cuantía».

Los partidos de la oposición rechazaron estos argumentos al considerar que la reforma provocará un empobrecimiento de los pensionistas y una pérdida de poder adquisitivo acumulada, y pidieron que se busquen más ingresos y que el objetivo no solo sea recortar gastos.

Desde el grupo Mixto, Olaia Fernández Davila (BNG) señaló que la propuesta «no es más que un empobrecimiento de las pensiones» y Sabino Cuadra (Amaiur) reprochó que se pretenda «recortarlas otra vez» a pesar de que algunos jubilados sobreviven con cuantías «que no permiten vivir dignamente».

Emilio Olabarria (PNV) dijo que «todo el mundo» está en contra de esos cambios y advirtió de que pueden ser inconstitucionales, mientras Joan Coscubiela (IU-ICV-Cha) acusó al Gobierno de manipular y engañar a los ciudadanos para aplicar su reforma. Carles Campuzano (CiU) expresó su convicción en que supone una ruptura del Pacto de Toledo y pidió a la ministra que la retire.

Valeriano Gómez (PSOE), antecesor de Báñez al frente del Ministerio, también exigió su retirada ya que «plantea un modelo en el que no se pide un sacrificio concreto un año, que puede ser necesario, sino que ponen una fórmula que sanciona para siempre la pérdida de poder adquisitivo».

Añadió que los problemas que atraviesa la Seguridad Social no se deben a la herencia del PSOE sino a medidas como la reforma laboral, que ha provocado «despidos a mansalva y reducciones salariales» que conducen al sistema a «dificultades crecientes»