Floren Aoiz, uno de los imputados, y el abogado Haritz Escudero incidieron ayer en la «vuelta de tuerca» que el tribunal de la Audiencia Nacional española dio el miércoles al macrojuicio del sumario 35/02, al admitir que se interrogara «como si fueran acusados» a los 110 representantes de las herriko tabernak. En su opinión, esa maniobra tiene como fin «compensar las enormes deficiencias de la acusación» que se han hecho evidentes en las primeras sesiones de la vista oral.

Durante la rueda de prensa que tuvo lugar en Donostia, Escudero criticó la decisión de la Sala de acceder a la petición de la Fiscalía, subrayando la «falta de base jurídica de las acusaciones contra estas asociaciones, bares y txokos». Recordó que, en el año 2000, incluso la Fiscalía consideró que «no había actividad delictiva» por parte de las herrikos, pero ahora «está intentando juzgarles como si fueran acusados penales».

Como ya explicaron la víspera las defensas en la sede judicial de San Fernando de Henares, Escudero comentó que la Fiscalía intentó «introducir una nueva prueba», lo que no es de recibo. Señaló que «aún más grave» es que el tribunal accediera a ello porque «está admitiendo su postura de parte» y «quiebra el principio acusatorio».

Fue por esa razón, precisó, por la que los representantes de las asociaciones «decidieron levantarse e irse» de la sala.

Trato de favor

Aoiz, por su parte, opinó que ese hecho supone «un punto de inflexión» y pone de manifiesto «un trato de favor» por parte de la mayoría del tribunal (la petición se aprobó por dos votos contra uno) hacia la Fiscalía. A su juicio, el Ministerio Público «fuerza esta nueva vuelta de tuerca, en términos políticos, porque tiene un gran problema para armar algo parecido a un caso inventado».

También comentó que la Fiscalía podría estar buscando sentencias condenatorias como «compensación» al «golpe recibido» con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha anulado la doctrina 197/2006.