Ramón SOLA

La sorpresa que parece haber suscitado al sur del Ebro la constatación de que el Estado espía a sus ciudadanos -solo o en comandita con la ASN estadounidense- no deja de sorprender. Desde 2009 existe información detallada sobre el hasta entonces absolutamente opaco Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), usado masivamente primero por el Gobierno de Aznar, luego por el de Zapatero y ahora por el de Rajoy. Paradójicamente fue el PP el que puso el grito en el cielo al constatar que se había empleado para seguir los movimientos de sospechosos del «caso Gürtel», lo que abrió cierta polémica sobre el sistema y su adecuación legal que no pasó de ser una tormenta de verano. Sitel empezó antes, cinco años al menos, y ha seguido después.

Antes que nada, conviene matizar que lo que trasciende sobre estos sistemas de espionaje sin duda no es más que la punta del iceberg. Puede que Sitel se hubiera implantado antes de 2004 -que es cuando teóricamente comenzó a registrar los datos de las llamadas telefónicas-. Expertos consideran además muy probable que se le haya sumado un control de otro tipo de comunicaciones (desde emails a whatsapps). Y es perfectamente posible también que haya sido suplantado ya por otro sistema más avanzado y que aún permanece oculto. De lo que no hay dudas es de que Sitel conlleva un control masivo e indiscriminado.

Hasta entonces la tecnología no lo hacía posible, aunque la voluntad para ello ya existía, como demostró el escándalo de las escuchas del Cesid a diversas personas relevantes del Estado desde los años 80, que precipitó la caída de su director, Emilio Alonso Manglano, en 1995. Llegados ya al siglo XXI, la moderna tecnología de Sitel posibilitaba recoger los metadatos de las comunicaciones: quién llama a quién, dónde están ambos, cuánto dura la conversación... Cruzando esos elementos ya se puede hacer un marcaje muy exhaustivo de la persona correspondiente, sus movimientos y sus relaciones, ilegal según algunos, legal para otros. Luego está la opción añadida de escuchar el contenido de las conversaciones, para lo que sí se exigiría una orden judicial.

Pero, ¿ocurre así realmente? El abogado y experto en la cuestión Gonzalo Boye Tuset aporta un cálculo interesante en un artículo en eldiario.es. «Según datos oficiosos, en España habría aproximadamente un millón de líneas telefónicas intervenidas legalmente, es decir, con autorización judicial (...) Si en España existen solo 1.657 juzgados que se dedican a instrucción penal, cada juez debería tener controlada una media de 597 intervenciones telefónicas». Resulta inverosímil, por lo que su conclusión es esta: «En España se intervienen masivamente teléfonos sin que sea posible un control judicial efectivo sobre esa medida, y esto no parece preocuparle a nadie».

Cádiz, Segura, Faisán, el chupinazo...

Curiosamente, quizás por las dudas legales, Sitel no tuvo impacto en ninguna sentencia en sus primeros años. El primer rastro apareció en un fallo dictado en Cádiz en 2009 sobre una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico, en la que aparecía la utilización del nuevo sistema automático de escuchas. Hasta entonces se recurría a «pinchazos» manuales (cuando no a chapuzas frecuentes en Euskal Herria, como las escuchas del Cesid en la cese de HB en Gasteiz en 1998, las anteriores al entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea, las sufridas en el proceso negociador de 2005-2007 por Arnaldo Otegi y Unai Fano... todas impunes).

Su uso como herramienta policial y prueba judicial está ya muy asentado hoy día, sobre todo en Euskal Herria. Se recurrió a Sitel, por ejemplo, para detectar las reuniones políticas de Segura en 2007 y la sede de LAB de Igara en 2009, que derivaron en la detención de una veintena de dirigentes independentistas y de los condenados por el «caso Bateragune», respectivamente. Es muy probable que se haya utilizado también en la reciente redada contra la dirección de Herrira, reunida en Hernani. Y sirvió para constatar los movimientos y llamadas de los dos jefes policiales condenados recientemente por el llamado «caso Faisán».

Que el alcance del control cada vez es más extenso queda claro estos días por su utilización en un asunto judicial auténticamente nimio: la investigación de la colocación de la ikurriña gigante en el chupinazo de Iruñea. A través del rastreo de las comunicaciones telefónicas, no solo se da por probado quiénes fueron los autores de la acción de protesta pacífica en base a las llamadas que cruzaron minutos antes, sino que también se intenta imputar a dos concejales de Bildu como «autores intelectuales». Así, las filtraciones del al parecer tan trascendental sumario citan que el edil Peio Martínez de Eulate cruzó 15 llamadas con una persona a quien se implica en la acción -en realidad un miembro de Gora Iruñea- entre el 1 y el 4 de julio, y que Patricia Perales conversó con otro de los detenidos durante ocho minutos el día anterior al chupinazo.

Todo ello se ha desarrollado por la vía de los hechos consumados, pese a las reticencias que expresó el PP hace cuatro años y que ha olvidado rápidamente cuando pudo usar el sistema de nuevo a pleno beneficio desde su retorno al Gobierno. En aquel momento, su portavoz Esteban González Pons se quejaba de que Sitel «es ilegal y carece de cobertura institucional. Desde 2004 se ha utilizado para grabar conversaciones y hacer retratos sicológicos de los ciudadanos, con lo que se crea una sociedad vigilada».

En el ámbito judicial, el fiscal de Madrid Pedro Martínez fue uno de los más activos en denunciar que «a través de Sitel se puede saber dónde está la persona, los sitios a los que va, si viaja en coche o en tren -porque las antenas lo están indicando- e incluso con quién está, y todo ello sin necesidad de hacer una llamada de teléfono, solo con tenerlo encendido», por lo que concluía que no se trata de un programa de interceptación de escuchas, «sino de seguimiento y vigilancia». El abogado Guillermo Díaz Bermejo anticipaba otro problema futuro: «Los archivos que almacena Sitel quedan guardados sine die y no se destruyen, con lo que nos encontramos con un serio problema de seguridad ante robos o fugas de información, máxime cuando esta función ha sido adjudicada a una empresa externa».

Sea como sea, por encima de recelos judiciales, de las quejas puntuales del PP y de las dudas del PSOE cuando lo puso en marcha, parece muy claro que el sistema de espionaje masivo sigue y seguirá. Supone una herramienta demasiado valiosa para quien la controla.

El amigo americano

Cuando estalló la polémica del caso Gürtel, el entonces ministro de Interior y hoy líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiró por el camino fácil. Emplazó al PP a callarse porque «cuando alguien pone en tela de juicio el funcionamiento del Estado de Derecho, se arriesga a que `los malos' lo utilicen».

La actuación de ETA fue esgrimida por el PSOE como elemento irrebatible para justificar este sistema de control. Y también para aceptar la penetración del espionaje estadounidense en el Estado, cuyo alcance -en cooperación estrecha con el español- queda ahora de pleno relieve. Sobre el modo real de la colaboración de Washington con Madrid frente a ETA no se sabe mucho (y lo que se sabe probablemente solo sea una parte muy pequeña de lo que hay). Según se publicó, desde el 10 de octubre de 2001 uno de los satélites de Menwith Hill, centro de escucha y análisis de información de la NSA estadounidense en Inglaterra, apuntó directamente a Euskal Herria, gracias a la estrecha relación tejida por George W. Bush y José María Aznar, que le devolvió luego el favor con episodios como la fotografía de las Azores. William Burroughs, director del programa de Ciencia y Medio Ambiente de la Universidad de Nueva York, afirmó a ``El Mundo'' que el sistema de vigilancia espacial permitía «mirar a través de la ventana de una pequeña calle de Bilbao o escuchar una conversación en un coche que va por carretera a Santander».

Obviamente el PP no lo confirmó, pero años después sí lo hizo indirectamente al reprochar a Zapatero que pusiese en riesgo esta ayuda estadounidense con sus críticas a la guerra de Irak y la posterior retirada de tropas, que tensó la relación Madrid-Washington. Llegados a 2009, en algunos medios digitales se aseguró que el llamado «satélite espía anti-ETA» había sido retirado por la Administración Obama, más por motivos económicos que por discrepancias políticas. Lo que sí constan públicamente son los agradecimientos de la parte española a Washington por su apoyo contra ETA, a los que se sumó en 2011 el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, en una reunión con el embajador estadounidense en Madrid.

Hoy ya nadie parece dudar de que el espionaje conjunto existió y existe, y que va mucho más allá de eso que Rubalcaba -al más puro estilo Bush- llamó «los malos».