Campaña plural en Araba contra los juicios basados en la tortura
GASTEIZ
El inicio el lunes en la Audiencia Nacional del juicio a un nutrido grupo de gasteiztarras, la mayoría de los cuales denunciaron haber sido torturados, ha provocado una campaña plural en Araba en contra de esta práctica y de los juicios basados en malos tratos. Ayer, siete de las personas que serán juzgadas relataron en primera persona el trato padecido a manos de la Guardia Civil, con la constante de que durante toda su detención permanecieron encapuchados, siendo sometidos a prácticas como «la bolsa», amenazas con armas de fuego y castigo corporal continuado para la obtención de las declaraciones por las que han sido procesados. Entre ellos se encontraba Unai Romano, que mostró la fotografía del aspecto que presentaba cuando ingresó en prisión.
Les acompañaba un nutrido grupo de la Asamblea de Torturados y Familiares, que ha elaborado un manifiesto que cuenta con el apoyo de los partidos PNV, Batasuna, EA, Gasteiz Izan y Aralar; los sindicatos ELA, LAB, ESK, Hiru y EHNE; seis asociaciones vecinales y otros 35 colectivos de diverso tipo.
En representación de la Asamblea, Leizuri Agirre y el propio Unai Romano agradecieron las adhesiones recibidas y destacaron la necesidad de seguir luchando contra la tortura, puesto que se sigue aplicando. Apuntaron el dato de que «desde la instauración de la democracia se han conocido más de 6.000 denuncias judiciales por torturas».
Las reivindicaciones de la Asamblea se concretan en «instar al Gobierno del Estado a la derogación de la ley antiterrorista y a la desaparición de la incomunicación de los detenidos». Además, exige «la desaparición de la Audiencia Nacional, en tanto que la posibilita y oculta la práctica de la tortura, y no hace efectivas las garantías procesales, especialmente cuando se admiten declaraciones bajo torturas y se aplica la denominada justicia del enemigo».
Piden «a la Audiencia Nacional la suspensión y archivo de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado tortura e incomunicación a los detenidos» e instan al Gobierno «al reconocimiento político de la existencia de torturas y de su aplicación en algunos casos de forma sistemática, como vía de resarcimiento a los afectados».
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