La actual situación de alta crispación social no creemos que sea únicamente fruto de los lamentables hechos de las semanas pasadas, con la muerte en diferentes circunstancias de dos presos vascos, uno de ellos en prisión preventiva desde hace más de dos años, y la discutible actuación de la Ertzaintza en los actos de despedida de los mismos por parte de familiares y simpatizantes. Es también consecuencia de una larga serie de actuaciones que no resisten el mas mínimo label democrático por parte de diferentes partidos políticos y organizaciones, que a base de ser repetidas pueden llevar al hastío a amplias capas de la sociedad.No se trata aquí de enumerar una lista de agravios y conculcaciones de derechos que podrían empezar remontándonos en el tiempo en ese escandaloso final del franquismo que se cerró con una ley de punto final que impidió el que los responsables franquistas fuesen juzgados y condenados por sus crímenes. Pero sin remontarnos tan atrás sí podríamos señalar unos hitos que suponen una regresión democrática importante.
Después del horror que supuso el crimen de Estado organizado del GAL que precipitó la pérdida del poder por parte del PSOE, llegaron los gobiernos del PP que son los que entre otras causas más han contribuido a la política del todo vale y han supuesto un importante alejamiento de los valores democráticos. Cómo olvidarse de la terrible caza de brujas contra la mayoría social vasquista y democrática de este país, que se desencadenó con motivo de las elecciones autonómicas del 2001. Como muestra cabe recordar un célebre manifiesto firmado por varios cientos de conocidos ciudadanos españoles, encabezados por Nicolás Redondo Terreros y al que le seguía una larga lista con todo el Foro de Ermua, Basta Ya y conocidos artistas, escritores, profesores etc... Se podían leer manifestaciones como: «exigimos que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española, amparen a nuestros conciudadanos en el País Vasco que por mantenerse críticos ante el régimen nacionalista dominante son amenazados, padeciendo la injuria, el asesinato o el exilio. En un clima de impunidad moral propiciado desde el gobierno vasco y la jerarquía católica vasca» o «acabar con la atmósfera totalitaria, similar a la del franquismo, que ha generado más de 200.000 exiliados» o «poner fin a un sistema de educación etnicista que fomenta el odio a España, y que se difunde desde los medios de comunicación públicos, siendo caldo de cultivo para que se reproduzca el fascismo étnico y los ataques a las libertades» para terminar con el broche final de «exigir al gobierno vasco, principal responsable de estos gravísimos hechos, que garantice para todos las libertades democráticas que disfrutamos el resto de los españoles». Estas tortuosas palabras se pronunciaban hace bien poco, con absoluta impunidad.
Los propulsores de tanto desatino perdieron las elecciones autonómicas, pero su mayoría en el Congreso de Madrid, pese a ser minoría en la Cámara de Gasteiz, les permitió aprobar la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista, especialmente concebidos para su aplicación en el País Vasco. Como consecuencia inmediata el protagonismo absoluto de un tribunal de excepción y escaso bagaje democrático como es la Audiencia Nacional, considerando de ETA a una parte importante de la sociedad y cerrando periódicos, ilegalizando partidos políticos e iniciando el celebre macrosumario 18/98, que se está viendo estos meses y que si no fuese por lo trágico de la situación para los imputados, más parece una ópera bufa que un juicio que garantice los derechos de la defensa y de los acusados.
Siguió con el procesamiento de la Mesa del Parlamento Vasco y de su presidente por no aceptar disolver el grupo parlamentario de Batasuna y lo que ello afectó a la credibilidad ya de por sí muy baja de la administración de justicia. De la misma época es también la actuación de la Ertzaintza al disolver con inusitada dureza una pacífica y multitudinaria manifestación en Bilbao que protestaba por la ilegalización de Batasuna.
Los ataques de los sectores más radicales de la sociedad española nuevamente se desencadenaron con motivo de la tramitación y posterior aprobación en sede parlamentaria del proyecto de reforma estatutaria conocido como «Plan Ibarretxe». El portazo dado por el Congreso a ese plan aprobado por la mayoría del Parlamento Vasco no contribuyó tampoco a la credibilidad de las instituciones del Estado.
Podemos destacar también últimamente la irrupción de algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo en la vida política, aliándose en general con la derecha radical en sus planteamientos y cuya respuesta judicial ha sido una interpretación jurídica para evitar la excarcelación de los presos de ETA una vez cumplida su condena.
Si a este escenario añadimos la persistencia de una política de dispersión penitenciaria injusta, el nin- guneo ante las reiteradas denuncias de torturas, el cierre de las vías políticas, el constante llamamiento de la derecha radical a más ilegalizaciones y encarcelamientos no es difícil llegar a la situación de deterioro actual, con el añadido de un recrudecimiento de la violencia callejera.
Es en esta situación donde a nuestro entender la actuación del Gobierno Vasco en los últimos acontecimientos no ha ido en la dirección correcta.
Para quienes el citado Gobierno es un referente, deseamos sinceramente que la guía del mismo se siga sustentando en la firme defensa de los derechos de todos sus ciudadanos y en el reforzamiento de los valores democráticos. Sólo así creemos que se podrá superar la delicada situación actual alcanzando una solución negociada y no frustrándose las esperanzas de paz de los ciudadanos vascos. -
