Es posible que el proceso democrático que puede abrir el camino para alcanzar una solución justa y consensuada al conflicto que enfrenta a los estados español y francés con Euskal Herria sea «largo, difícil y duro». También cabe la posibilidad de que no sea tan largo, ni tan difícil ni tan duro como algunos desean. En este contexto deben entenderse, por ejemplo, las aportaciones que Sinn Féin y el Congreso Nacional Africano hicieron públicas ayer, ofreciendo sus respectivas experiencias en Irlanda y Sudáfrica y animando a superar cuanto antes los obstáculos que dificultan la negociación en Euskal Herria.

La apuesta por un proceso «largo, duro y difícil» está quedando patente en las actuaciones de la Audiencia Nacional española contra la izquierda abertzale. Hechos que, por encima de informaciones periodísticas que animan a pensar que no concuerdan con el escenario previsto por «los socialistas vascos» ­como la que difundía ayer el diario “El País”­, obtienen el respaldo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando no vienen precedidos de impulsos directos de la Fiscalía General del Estado.

Si lo que pretende el Ejecutivo español es presentar a la izquierda abertzale ante la opinión pública española en una situación de supuesta debilidad, tendrá que medir muy bien hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda porque, resulta de sentido común, una negociación no puede llevarse adelante si se impide a una de las partes mantener a su interlocución en igualdad de condiciones. Ante el despropósito, que puede hacerse realidad la próxima semana, que supondría encarcelar a los portavoces de una de las partes negociadoras al mismo tiempo que se habla de la necesidad de establecer un diálogo multipartito, es obvio que nadie podría mirar hacia otro lado, ni la propia izquierda abertzale ni los agentes vascos implicados en el proceso, ni la sociedad de Euskal Herria en su conjunto. Además, actitudes irresponsables colocarían en una situación grave el incipiente proceso.

El Gobierno español tiene suficientes mecanismos para mostrar su disposición a comprometerse con el proceso, y ya es hora de que los utilice. Los marcos legales tienen que adecuarse a principios democráticos que reflejen, y al mismo tiempo sirvan para encauzar, la voluntad libremente expresada por la ciudadanía. -