Para tener derecho a una pensión habrá que cotizar 5.475 días efectivos
El Gobierno español, la patronal y los sindicatos UGTy CCOO tienen pactada la reforma de la Seguridad Social. Para tener derecho a una pensión será necesario cotizar 5.475 días efectivos y reales como mínimo, es decir 775 días más. Supone dos años y cuarenta y cinco días más de cotización. El nuevo texto premia a quien se jubile con más de 65 años, penaliza a quien lo haga de forma anticipada y pone bastantes trabas para el cobro de pensiones de viudedad.
BILBO
La nueva reforma de la Seguridad Social, que no será la última que se acometa a medio plazo, dificulta el acceso a una pensión pública, premia a quien se jubile con más de 65 años; eleva las trabas para la jubilación anticipada y empeora las condiciones para el acceso a una pensión de viudedad. Los colectivos de jóvenes y mujeres, que son los que soportan la precariedad más elevada, serán quienes encuentren más dificultades para el acceso a una pensión pública en el futuro próximo.La decisión del Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGTfavorece la expansión de las pensiones privadas y mixtas con la excusa de que el sistema público será deficitario a partir de 2020, según las proyecciones económicas realizadas por una comisión de expertos para la Seguridad Social. Años antes, sin embargo, expertos de BBVA, La Caixa y la fundación de estudios económicos Fedea anunciaron que con el cambio de siglo la Seguridad Social elevaría su déficit y pondría al sistema público en quiebra, pero ha ocurrido lo contrario.
Aumento del Fondo Reserva
La senda económica ha continuado un camino inverso y ha permitido que hasta marzo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se sitúe en los 31.000 millones de euros, por encima, incluso, de las previsiones presupuestarias.El modelo neoliberal para la protección social futura profundiza en tres ejes:una pensión mínima asistencial de carácter público, que perderá peso específico con los años; el impulso de los planes de empleo de las entidades de previsión social voluntaria; y, por último, los planes de pensión privados. En esa línea, la OCDE confirma que el patrimonio gestionado por los planes de pensiones en el Estado español rondan los 88.000 millones, lo que supone el 10% del PIB, y la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi situó su patrimonio en el primer trimestre en 14.000 millones, un 25% del PIBde Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El negocio privado es el que está obteniendo la mayor rentabilidad con la inversión de esos fondos, que triplican el fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este abandono del sistema público se materializa también en la reforma laboral firmada por el Gobierno español y CCOOy UGT, que permite a los empresarios reducir las cotizaciones sociales, aunque saben de las dificultades de equilibrio financiero que se presen- tan en el futuro próximo.
775 días más
El acuerdo sobre medidas de reforma de la Seguridad Social establece que el período mínimo para lograr una pensión de jubilación será de 5.475 días, lo que supone quince años «reales y efectivos». Este cambio en el cómputo significa que, a partir de que entre en vigor, los trabajadores deberán cotizar durante 775 días más que en la actualidad que, en cambio, se fija en 4.700 días. En la práctica, supone un incremento en dos años y cuarenta y cinco días del período mínimo de cotización. Las tres partes establecen que se realizarán estudios de seguimiento de la evolución del sistema y, en cualquier momento, se puede modificar ese período mínimo de cotización. En realidad, para acceder al cien por cien de la pensión se debe haber cotizado durante 35 años y haber trabajado hasta los 65 años. En el marco de la reforma, los representantes del Gobierno español, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT han fijado, por otro lado, incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, que se extiende entre un 2% y un 3% más de la pensión anual por cada año que supere los 65 años. El cómputo por día provoca, por otro lado, importantes inconvenientes para que un número elevado de trabajadores, precarios o fijos discontinuos que, aunque estén un año trabajando, no sumarán 365 días, porque durante los fines de semana y las vacaciones les dan de baja en algunas empresas y también en empresas de trabajo temporal.
Viudedad, nuevas condiciones
Con respecto a la pensión de viudedad, la nueva reforma de la Seguridad Social incide en que en las actuales circunstancias no se concibe la viudedad «como a mediados del siglo pasado». En este caso, precisa que «la pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en las que la misma contribuye efectivamente al sostenimiento de los familiares: matrimonio, parejas de hecho con hijos en común y que dependían en más del 50% de sus ingresos de la persona fallecida, o en el caso de personas divorciadas».La legislación no concreta con exactitud qué requisitos debe tener una convivencia no matrimonial para acceder a la pensión de viudedad, porque indica que «se precisará la constatación de convivencia mutua, estable y notoria durante un período amplio». En el caso de no contar con hijos comunes, se precisará según el preacuerdo dependencia económica del conviviente en más del 75%de sus ingresos. En el ámbito de la anticipación de la edad de jubilación, el nuevo texto endurece y modifica las condiciones de acceso porque, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el coste para el sector público de una jubilación parcial a los 60 años, a la que con la actual normativa se puede acceder, alcanza los 100.000 euros por trabajador. Con la nueva regulación se podrá adelantar la jubilación parcial a los 61 años, pero se deberán acreditar 30 años cotizados a la Seguridad Social como mínimo, aunque se endurecen las condiciones de cotiza- ción del trabajador relevista, que «deberá cotizar por encima del 65%de lo que venía cotizando el trabajador que pasa a la jubilación parcial». No hay una figura para la prejubilación, pero ésta se eleva a los 53 años para los casos en que las empresas expulsen del mercado de trabajo a los empleados mayores. Además, se regula la incapacidad permanente. Según el texto, «se flexibilizará el período mínimo de cotización exigible», pero «la cuantía de la pensión se definirá de acuerdo con la base reguladora y con el período de cotización» y también fija un importe fijo en el complemento de gran invalidez. En este ámbito, las tres partes han anunciado que se aprobará una lista de enfermedades profesionales acorde con la legislación europea. El acuerdo enumera, por último, cambios en los regímenes de los autónomos, agricultores y trabajadoras del hogar.
Las pensiones privadas de González, Botín y Ron pagarían a 30.000 jubilados
Los presidentes de los tres grandes bancos del Estado español: Francisco González (BBVA), Emilio Botín (Grupo Santander) y Angel Ron (Banco Popular) cuentan ya con 273,4 millones para hacer frente a su jubilación. Mientras estos tres importantes cargos acumulan tanto, existen 4,7 millones de personas que reciben pensiones por debajo del SMI. Sólo con los derechos de los planes de pensión privada de los tres grandes se podrían pagar 30.000 pensiones de jubilación, lo que muestra el fuerte desequilibrio que se produce dentro del sistema privado. -
El 50% de las pensiones de jubilación y el 75% de las de viudedad no rebasan el SMI actual
Juanjo BASTERRABILBO La reforma de la Seguridad Social avanza hacia la reducción de las prestaciones de jubilación, de viudedad e incapacidad, entre otras. No hay duda. Las trabas que recoge el texto, que está siendo matizado en algunos extremos, indica que, al final, la pensión pública en el Estado español bajará en términos generales. No obstante, el Gobierno español se ha comprometido a aumentar las pensiones mínimas al final de esta legislatura en un 26% en relación a la cuantía de enero de 2004, lo que demuestra su bajo nivel. También se ha comprometido a costear los complementos a mínimos de las más bajas. Según los datos oficiales de la Seguridad Social, en marzo de este año, había 8,1 millones de pensionistas en el Estado español, un 7% de los cuales son vascos. El 58,23% de pensionistas no recibe un salario mensual superior a 540,9 euros, que es la cantidad en que está establecido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La mitad de las pensiones de jubilación (50,1%) no rebasan el SMIy el 75% de las pensiones de viudedad tampoco sobrepasan ese mínimo. El debate real no se encuentra en los ingresos mínimos que tienen los pensionistas, sino en lo que costará a la Seguridad Social mantener este sistema público, que pierde fuerza con rapidez. El Ejecutivo español ha reconocido que la jubilación parcial a los 60 años tiene un coste de 8.000 millones para la Seguridad Social, porque se calcula que 65.000 trabajadores accederán ella. Otros centran la discusión en el retraso o no de la edad de la jubilación, a partir de los 65 años. Por cada año de más, se obtienen 2.576 millones en cotizaciones adicionales y un ahorro de 4.100 millones en prestaciones por retiro. Los datos sobre las pensiones de mayo ponen de manifiesto que la pensión media en Hego Euskal Herria está situada en 760,18 euros, por encima de la media estatal, 640,46 euros. En el ámbito vasco existen 347.498 personas que reciben pensiones de jubilación. La media va desde 799,28 euros en Nafarroa a 940,94 euros en Bizkaia. Hay 153.299 pensionistas por viudedad que tienen pensiones medias que oscilan desde los 503,2 euros mensuales en Nafarroa a los 575,43 euros en Bizkaia. Estas últimas perciben un 60% que las de jubilación.
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