Queremos denunciar, en primer lugar, el rancio centralismo en que se inspira, ya que una vez más se utilizan las leyes orgánicas para restringir las competencias exclusivas que en materia educativa tienen la CAPV y Navarra. Así, la administración central se dota de un excesivo poder normativo básico que sólo se matiza con el valor meramente consultivo de la Conferencia Sectorial de Educación, se sigue reservando la potestad de establecer el 55% del currículo, se atribuye la alta inspección y el control de los sistemas de evaluación del sistema educativo y, por el contrario, se transfieren a las comunidades autónomas todas las obligaciones económicas que la ley pueda implicar. Sólo por esto ya resulta totalmente incomprensible el voto favorable a esta ley del PNV y de EA en el congreso de Madrid.

A pesar de que algunos pretenden que es una ley que favorece la enseñanza pública, las consecuencias del acuerdo previo con las patronales de la enseñanza privada se manifiestan en todo el articulado. Al personal de los centros privados sólo se le garantiza el sistema de pago delegado, vigente desde hace años, y una vaga promesa de «equiparación gradual».

En el aspecto financiero, la ley promete un futuro plan de incremento del gasto público en educación para los próximos diez años, a fin de equiparar progresivamente ésta a la media de la UE. Este reconocimiento tácito de la inferior dotación presupuestaria de nuestros sistemas educativos no se corresponde con ningún compromiso financiero concreto ni con ninguna prioridad de gasto en la enseñanza pública, pero sí se remite al régimen de concierto económico de nuestras comunidades para asumirlo.

En cuanto a los procedimientos de admisión del alumnado, se establece que idénticos criterios y zonas de in- fluencia han de regir para los centros públicos y los privados concertados, pero no se establecen los necesarios mecanismos de control para su verificación y las comisiones únicas de matriculación se plantean sólo como posibles, no como obligatorias. Tampoco las propuestas sobre reserva de plazas para escolarizar al alumnado con necesidades específicas por incorporación tardía al sistema educativo o la posibilidad de aumentar hasta en un 10% las plazas escolares ordinarias para este fin son de por sí garantía suficiente para reconducir la situación de concentración en los centros de la red pública. Respecto al profesorado y sus condiciones laborales, las supuestas mejoras (que algunos vendieron irresponsablemente antes de asegurar) se limitan a la gratuidad de museos y bibliotecas públicas o a la difusa promesa de protección y asistencia jurídica en el ejercicio profesional. De las expectativas creadas sobre el paso del personal acogido al régimen general de Seguridad Social al de clases pasivas, las rebajas de PP y PSOE lo han dejado reducido al mismo momento de la jubilación y sólo durante los cinco años que dure la implantación de la ley .

Tampoco el profesorado interino ve reconocida su histórica aspiración a un sistema de acceso diferenciado. La única modificación recogida es que la fase de oposición constará de una única prueba, y sólo durante el mismo período de implantación de la ley. Pero el cómputo de la experiencia docente no se modifica, ni tampoco la exigencia previa de superar el examen para su consideración.

Con respecto a la dirección de los centros educativos, mantiene el mismo sistema de selección y nombramiento por comisión mixta establecidos por la denostada LOCE, en clara contradicción con los anteriores llamamientos a la participación de toda la comunidad escolar en la gestión. Así, la dirección se convierte en un representante de la administración en el centro, dejando en la práctica al claustro del profesorado y al consejo escolar sin atribuciones directivas o de control reales.

Dicho esto el hecho de que la religión acaparase en su momento la centralidad del debate en los medios para seguir siendo finalmente de oferta obligatoria para el centro y voluntaria para el alumnado o de que no se clarifique si va a tener una alternativa no pasan de ser anécdotas.

La LOE presenta todavía muchas incógnitas a la espera de su futuro desarrollo y deja la pelota en el tejado de los Departamentos de Educación del Gobierno de Navarra y del País Vasco. Transformar las palabras bonitas en hechos concretos es ahora su responsabilidad. Y la nuestra presionarles para que lo hagan debidamente. -