La campaña política estuvo signada por aquello que han denominado un progreso en las normas de convivencia. Nada de molestar al vecino con panfletos, manifestaciones ni ruidos molestos, pero al mismo tiempo genera un clima de indiferencia muy significativo en un país donde no es obligatorio votar.

Con siete millones de habitantes, ­una de las más grandes ciudades de Latinoamérica­, la capital ha soportado en el período preelectoral el segundo paro de autobuses, taxis y camiones que, convocado por transportistas el pasado jueves, inquietó a los colombianos más que los comicios.

«Hace una hora que estoy esperando transporte para regresar a mi casa», señala Gilberto, molesto, después de trabajar el día entero en una tienda ubicada sobre la carrera 11 en la zona norte de la capital. «No sé si voy a votar, no lo he pensado aún», y levanta los hombros en señal de indiferencia, sin dejar de quejarse de que este fin de semana la «rumba» con alcohol está vedada.

La ley que prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes entró en vigencia a las seis de la tarde del pasado viernes, lo que generó una venta masiva horas antes de su entrada en vigor.

El desinterés en los comicios por parte de Gilberto no es un caso único. El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Murray, declaró que confía que la jornada electoral de hoy se desarrolle con tranquilidad, pero señaló que es notable la apatía de la población y que ello influirá negativamente en la participación ciudadana lo que podría elevar a un 60% el abstencionismo.

«La percepción que se tiene de las elecciones es distinta a la de hace cuatro años. La situación de seguridad es distinta. No es un evento electoral discutido. No hay violencia. Eso lo hemos percibido», apuntó Murray.

En primer lugar hay que tener en cuenta el contexto. Es un país inmerso en un conflicto armado muy complejo y largo, con presiones externas, altos niveles de pobreza, cifras de desplazados y secuestrados alarmantes y una altísima proporción de excluidos sociales.

A esto se suman las intimidaciones de los grupos en pugna hacia la población civil, lo que afecta principalmente a las zonas rurales, con los pobladores que siguen denunciando la presión de la guerrilla o de los paramilitares, especialmente en los departamentos de Guaviaré, Putumayo, Antioquia, Chocó y Huila. Muchos manifiestan que no irán a votar por miedo. En otros casos es indiferente pues influye el hecho de que se da por sentado el triunfo del presidente Uribe, ­en primera o en segunda vuelta­, y eso genera cierta apatía en la concurrencia. Tiene más rasgos de referéndum que de elección presidencial.

«No tengo dudas para hoy. Con Uribe ha mejorado la seguridad, vivimos más tranquilos y hasta nos rinde el dinero», dice Carlos con los ojos puestos en el espejo retrovisor mientras maneja por la avenida Caracas su Hyundai Atos convertido en taxi. «Es la primera vez en todos estos años que puedo viajar a Sincelejo por carretera sin que nos atraquen o nos topemos con retenes, de todos, de todos», enfatiza el oriundo de la capital del departamento de Sucre, ubicado al norte del país. «Y esto es gracias al presidente», recalca.

El elevado nivel de aceptación que tiene el presidente Uribe y su reelección, ­según las encuestas­, están más relacionados con la sensación de seguridad que perciben los colombianos, que le perdonan sus errores por lo que Uribe pide disculpas en cada una de sus manifestaciones públicas. Aparentemente la presión armada de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se ha reducido y han manifestado que no boicotearán las elecciones. Aunque ello no significa que estén debilitadas. Probablemente sea un cambio de estrategia pero marca la diferencia de las elecciones de 2002 que estuvieron caracterizadas por numerosos actos de violencia y el llamado de boicotear los comicios.

El fantasma del fraude

La directora de la Misión, Alejandra Barrientos, sostiene que «se debe observar con atención lo que sucede en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, porque desde 2002 ocurrieron serias irregularidades, en particular relacionadas con la presentación de candidatos o listas únicas».

«Nos preocupa también Buenaventura, en la costa del Pacífico, porque se han visto casos permanentes de fraude; un gran porcentaje de las mesas que fueron anuladas en comicios anteriores estaban ubicadas allí», denuncia Barrientos.

La implementación del espectacular “Plan Candado”, con la participación de más de 300.000 efectivos militares y policiales que controlan la periferia de la ciudad, se empezó a notar desde mediados de semana.

En los retenes policiales instalados en la avenida El Dorado ­camino principal hacia el aeropuerto internacional­ se registraba la documentación de los automovilistas y la portación de armas prohibida por estos días. El operativo se extiende a los transeúntes que van a tomar el servicio de Transmilenio o en la entrada del centro comercial. «No me molesta que revisen mis cosas. No tengo que ocultar nada y, si todo es más tranquilo, mejor», señala Jenny de 21 años que también apuesta por la reelección de Uribe.

«Colombia se ha convertido en un estado militarista gracias a este presidente que apuesta por la guerra», dice Mauricio indignado. «Voy a votar por Gaviria porque creo en otro sistema que incluya a los más desamparados y que no convierta a Colombia en una gran base militar de Estados Unidos».

En medio de la agitación social, con protestas de indígenas en el sur, la parálisis del Poder Judicial y huelgas en las industrias del carbón y banano, más de 26 millones de colombianos están habilitados para votar y podrán hacerlo en las 55.510 mesas dispuestas en los 1.098 municipios del país. -