Bruselas ve el camino despejado para la directiva sobre liberalización de servicios
·la comision europea cree que se aprobara antes de fin de año sin variaciones sustanciales
La Comisión Europea se mostró ayer satisfecha de que los Veinticinco ratificaran sin apenas modificaciones el acuerdo del Parlamento Europeo sobre la directiva de liberalización de servicios. Con este compromiso cree que antes de fin de año podrá estar aprobada sin variaciones sustanciales. El texto debe ser ratificado ahora en una segunda lectura por el Parlamento Europeo, probablemente en otoño.
BRUSELAS
La Comisión Europea (CE)valoró ayer el acuerdo logrado por los Veinticinco sobre la directiva para la liberalización de los servicios en la Unión Europea, tras un año de difíciles negociaciones. El portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger, indicó que el acuerdo pone de relieve que los periodos de reflexión «pueden dar resultados», dado que a pesar de las divergencias entre los estados miembros «ha sido posible desbloquear un dossier que parecía muy complicado». Por su parte, el portavoz comunitario de Mercado Interior, Oliver Drewes, señaló que el avance logrado es una «buena noticia para Europa» y confió en la aprobación de las conclusiones sobre esa normativa antes de finales de año. Drewes destacó especialmente el consenso existente en el Parlamento Europeo sobre esa legislación, «respetado ayer por los ministros», y opinó que existe «un equilibrio mutuo y buena voluntad» sobre este dossier. Los Veinticinco lograron en la noche del lunes ponerse de acuerdo sobre una propuesta consensuada de esa directiva, que ahora deberá volver al Parlamento Europeo para su segunda lectura.
Cambios ratificados Según el texto aprobado, quedarán excluidos del alcance de la directiva los servicios no económicos considerados de interés general, así como los financieros, los audiovisuales, los sociales, las comunicaciones electrónicas, el transporte, las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el juego y la seguridad privada. Los estados miembros tendrán tres años en lugar de dos para aplicar el texto en ellos.
A su vez, a los servicios económicos de interés general postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos, que sí están incluidos en la directiva, no se les aplicará el artículo 16 de la norma, que regula la libre prestación de servicios. No obstante, para contentar a los sectores más liberales, los ministros de la UE decidieron obligar a los estados miembros a publicar y justificar las restricciones que mantendrían a la libre prestación de servicios en su territorio. Los grupos del PSE(Partido Socialista Europeo)y del PPE (Partido Popular Europeo) ya habían logrado en febrero un compromiso que suavizó la versión inicial propuesta por el ex comisario europeo de Mercado Interior, Fritz Bolkestein. En marzo los jefes de Estado y Gobierno dieron su bendición a las modificaciones del Parlamento y sólo quedaba el acuerdo de sus ministros sobre los detalles. Estos ratificaron la supresión del principio del país de origen, que posibilita prácticas de dumping social al permitir aplicar condiciones laborales de su país de origen a las empresas instaladas en otro Estado, y que es defendido por los nuevos miembros de la Unión. Los Veinticinco apenas modificaron el lunes las propuestas del Parlamento por lo que no se espera que la votación en segunda lectura de la Cámara suponga un gran obstáculo. El responsable del PPE, el británico Malcom Harbour, estimó que los eurodiputados «tienen en adelante la obligación de responder los más adecuadamente posible» al acuerdo del lunes. El eurodiputado francés de la UMP Jacques Toubon afirmó que, tras estos acuerdos, «ningún cambio sustancial podrá obtener la mayoría necesaria para ser aprobado». Los ponentes esperan que el acuerdo definitivo entre los Veinticinco y el Parlamento se alcance antes de finales de año.
Algunos puntos preocupan aún a los sindicatos
El secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, explicó que el acuerdo sobre liberalización de servicios respeta en general el acuerdo del Parlamento Europeo, pero llamó la atención sobre algunos puntos preocupantes, en particular sobre la exclusión del derecho de trabajo, los servicios de interés general y el respeto de los derechos fundamentales. «No podremos mostrarnos completamente satisfechos mientras no tengamos garantías al respecto», afirmó. -
Propuestas para limitar los peligros de la normativa
BRUSELAS Prueba de que el texto aprobado el lunes sobre liberalización de servicios no ofrece todas las garantías es que el grupo del PSE del Parlamento Europeo presentara ayer una propuesta sin valor legal pero que intenta presionar a la Comisión sobre el tratamiento a los servicios de interés general, con el objetivo de «proteger la libertad de las autoridades nacionales y locales en la organización y financiación de los servicios de los que son responsables y garantizar su calidad». El texto establece criterios para distinguir los servicios de interés general de naturaleza económica (como distribución de agua, transporte público, comedores escolares y centros de ocio) de los no económicos (como la educación, la justicia y la salud). Consagra, además, como principios esenciales de los servicios de interés general la alta calidad a precios razonables, la oferta universal, la apertura y la transparencia. El PSE propone que el acuerdo alcanzado por los Veinticinco sobre liberalización de servicios quede por debajo de esta nueva norma. Por su parte, el PS belga criticó la aprobación de la directiva y llamó a la movilización europea para modificarla. Bélgica y Lituania fueron los únicos estados que no votaron a favor. El grupo belga ya consideraba inaceptable el compromiso aprobado por el Parlamento porque supone «someter sólo a la ley de mercado la educación superior, la cultura y la mayor parte de los servicios sociales y los vinculados al empleo, que, sin embargo, requieren un régimen especial».
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