El grave accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central ucraniana de Chernobyl dejó una estela de radiactividad en buena parte de Europa. Bielorrusia, Grecia, Italia, los países nórdicos y, por descontado, vastas regiones del Estado francés se vieron cubiertas por la nube tóxica. A consecu- encia de esta contaminación, numerosos ciudadanos vieron aumentar sus problemas de salud, en particular los derivados de afecciones en la glándula tiroidea. Durante veinte años, centenares de afectados han reclamado, contra viento y marea, que se admita el daño causado. Con dos décadas de retraso, una persona que manejó información al más alto nivel, el profesor Pierre Pellerin, deberá explicarse hoy mismo ante la juez Marie-Odile Bertella-Geoffroy, que abrió en 2001 un caso por «perjuicio involuntario a la integridad de terceros», en el que se ha personado medio millar de ciudadanos como parte civil. Ante la magistrada, el ex responsable de la autoridad científica deberá explicar por qué aportó falsos mapas de radiactividad y ocultó un hecho bien relevante: que los niveles de radiactividad en parte del territorio francés se dispararon hasta alcanzar a los registrados en las zonas más cercanas a la central. -

Genero indarkeriari aurre egiteko kontzientziak astindu

Astelehenean Barakaldon hilik agertu zen bikotearen auzia aztertzen ari da Polizia, eta haren arabera, P. M. gizonezkoak I. B. emakumezkoa hil eta ondoren bere buruaz beste egin zuen. Bikotea heriotzaraino eraman duen bidea ezagutzea falta da, baina talde feministek elkarretaratzeetara deitu dute «genero indarkeria gertaera hau» salatzeko. Tragedia hori dela-eta hildakoen familiek merezi duten begirunea gordeta eta genero indarkeriaren hipotesia gailentzen ari denez gero, ezinbestekoa da emakumeak hain bortizki kolpatzen dituen biolentziaren inguruan herritarren kontzientzia astintzea. Hori baita emakumeen aurkako indarkeria gainditzeko bermea. -

Intereses comerciales y violación de libertades

La Corte europea ha bloqueado el acuerdo por el que la CE se plegó a la exigencia de la administración Bush de que las compañías europeas que vuelan a EEUU suministren datos exhaustivos de sus pasajeros. Así lo han hecho desde que entrara en vigor la medida, tras los atentados del 11-S. Ahora, el tribunal europeo asume en parte la denuncia planteada por el Parlamento Europeo y bloquea la aplicación de un acuerdo que, a su juicio, se adoptó sin tener base legal, aunque no entra al tema de fondo: la violación de libertades. Las compañías aéreas temen por los efectos comerciales de una sentencia que Washington tratará, seguro, de combatir con nuevas presiones. -