Críticas al acuerdo de Madrid sobre pensiones
BILBO
ELA y LAB criticaron ayer la reforma de las pensiones acordada ayer por el Gobierno español, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO. El responsable del Gabinete de Estudios de ELA, Mikel Noval, indicó que «se ha producido un proceso de negociación totalmente opaco, en el que CCOO, UGT, CEOE y Gobierno han negociado y llegado a un acuerdo cerrado». Criticó que la reforma dificulta el acceso a una pensión retributiva porque se requerirán 745 días de cotización para tener derecho a su percepción. Censuró que el acuerdo conlleve «un empeoramiento» tanto de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada como del contrato de relevo o jubilación parcial. «En este último caso, se sube la edad a 61 años, se exige mayor periodo de presencia en la empresa y haber cotizado 30 años, de forma que se restringen de forma importante las posibilidades de acceso al contrato de relevo», argumentó. LAB, por su parte, subrayó que el acuerdo sigue «la dirección reaccionaria prevista en el Pacto de Toledo» y favorece el sistema privado de pensiones, por lo que reclamó un sistema vasco de Seguridad Social «basado en los principios de no discriminación, de universalidad y de solidaridad». Afirmó que el acuerdo «margina» el sistema público de pensiones, ya que «el reparto de pensiones contributivas y no contributivas trata superficialmente la garantía de tener pensiones dignas, convirtiéndolo en un sistema de capitalización y no de redistribución».
«Castiga la prejubilación»
«Esta nueva reforma que se va a imponer a los ciudadanos vascos, entre otras medidas, continúa castigando la prejubilación, recorta el nivel de apoyo a las pensiones, premia el retirarse después de los 65 años, hace necesario cotizar al menos durante 15 años y endurece las condiciones para recibir pensiones de viudedad», denunció. Batasuna, por su parte, indicó que se trata de «un paso más en el proceso de precarización de las condiciones laborales y sociales de la mayoría de la sociedad». El acuerdo alcanzado supone dar «otro salto en el camino hacia la privatización del sistema público de pensiones», por lo que pidió consensuar una estrategia «entre todas las fuerzas progresistas de Euskal Herria para construir un Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social que garantice los derechos sociales mínimos a toda la ciudadanía».
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