Según el CGPJ, el Parlamento no puede citar a Ruiz Piñeiro
El tripartito registró ayer formalmente en el Parlamento la solicitud de comparecencia del presidente del TSJPV Fernando Ruiz Piñeiro. Una petición que, según el CGPJ, «no tiene amparo en nuestro ordenamiento constitucional». Entre tanto, siguieron las reacciones a la querella y a la respuesta del Gobierno de Lakua.
GASTEIZ
El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional en la que recuerda que la petición de comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, para «explicar el contenido de una resolución judicial», es algo «no tiene amparo en nuestro ordenamiento constitucional, al ser dicho presidente uno de los magistrados integrantes del órgano judicial que la ha dictado».
Pese a esta advertencia, tal y como adelantara la víspera la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, los grupos parlamentarios del tripartito formalizaron en la Cámara la solicitud de comparecencia, a fin de que el presidente del TSJPV explique cuáles considera que son las «líneas infranqueables» en la separación de poderes .
También quieren conocer si Ruiz Piñeiro «entiende que el diálogo entre el lehendakari y agentes políticos y personas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales, como base para conseguir la paz y la normalización del País Vasco, entra o no dentro de lo que se denomina actividad política y por lo tanto independiente del control de cualquier poder judicial».
Por otra parte, el CGPJ pidió que «las legítimas críticas a las decisiones judiciales» se hagan con «la mesura exigible». La nota hace referencia a los duros términos en los que el Gobierno de Lakua respondió a la decision del TSJPV de aceptar a trámite la querella presentada por el Foro Ermua contra los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por la reunión que mantuvieron el 19 de abril.
Durante la jornada de ayer continuaron produciéndose reacciones a esta decisión judicial y a la respuesta del Gobierno. El presidente del EBB, Josu Jon Imaz, declaró, por ejemplo, que «ningún juez que actúa por impulsos políticos me va a impedir ejercer mis derechos» y anunció una próxima reunión con Batasuna.
Rodolfo Ares, del PSE, consideró «desmesurada» la respuesta del Gobierno por ser una «descalificación global de la Justicia». El portavoz del PP, Leopoldo Barreda, fue más allá y vio en la actitud del tripartito un «afán de controlar la Justicia» y un «atentado directo a la independencia de los jueces».
También Lokarri hizo público un comunicado en el denuncian el intento de «criminalizar el diálogo». La asociación muestra su «apoyo al lehendakari Ibarretxe, a Josu Jon Imaz, a Patxi López y a todos los representantes políticos, sociales y sindicales que puedan ser acusados y llamados ante la justicia por defender el diálogo». Pide a los jueces que «no se inmiscuyan en la acción política». Y, finalmente, reclama «la derogación de la Ley de Partidos y el archivo de todas las causas abiertas contra los representantes de Batasuna».
EAB denuncia «hipocresía»
El grupo parlamentario Ezker Abertzalea criticó ayer la «hipocresía» del Gobierno de Gasteiz y del tripartito porque defienden únicamente a sus miembros. Recuerdan que recientemente se rechazó intervenir ante la posibilidad de escuchas telefónicas a EHAK y a su grupo en la Cámara. En una nota, denuncian la existencia de parlamentarios de pri- mera y de segunda y añaden que «nos parece hipócrita que defiendan a unos políticos esgrimiendo argumentos demo- cráticos y no a otros aunque sean adversarios- cuando son igualmente atacados. Y por si esto fuera poco, en la dura respuesta del Gobierno Vasco a la admisión a trámite de esta querella, han omitido conscientemente la reivindicación de los derechos civiles y políticos también para los interlo- cutores del lehendakari aquella ocasión: Batasuna».
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