Hoy se cumplen ocho meses desde el inicio de la vista oral del sumario 18/98; un juicio que, pese al velo que la mayoría de los medios le han querido poner, ha deparado un sinfín de acontecimientos, emociones y vivencias a abogados, testigos y, especialmente, los propios encausados.

El 21 de noviembre de 2005 llegaban en tres autobuses y acompañados por una nutrida representación de agentes sociales, políticos y sindicales vascos los procesados en este macrosumario. Todos no, Iker Casanova, Iker Beristain y Rubén Nieto esperaban dentro del pabellón de la Casa de Campo, en un calabozo. Cuando los tres prisioneros coincidieron con sus compañeros por primera vez en la Sala, fueron recibidos con saludos y abrazos. Dentro y fuera, durante todos estos meses han demostrado que son una auténtica piña.

«Sólo voy a responder a mi defensa, porque considero que éste es un juicio político». Las primeras palabras que el tribunal, presidido por la magistrada Angela Murillo ­que tantas páginas ha protagonizado­, escuchó por parte de los acusados fueron un avance de lo que iba a tener que oír en los siguientes meses. Fue Txente Askasibar quien las pronunció, ya que a él le correspondió el primer turno de intervención.

Al vecino de Bilbo le sucedieron sus compañeros en la denuncia pública del juicio, a pesar del ímpetu censor de unos jueces que han intentado acallar cualquier pronunciamiento político. No han podido. «Este es un juicio contra toda Euskal Herria», destacó Manu Intxauspe pocos días después.

Contra un muro

La actitud de los tres jueces que conforman la Sala Tercera de la Audiencia Nacional no se ha limitado a tratar de impedir declaraciones. Los letrados de la defensa se han encontrado con un auténtico muro que, por encima de cualquier razonamiento jurídico, ha puesto todo su empeño en que el juicio siga adelante aun saltándose las mínimas garantías procesales y que ha respaldado a pies juntillas todos y cada uno de los argumentos del fiscal.

En ocho meses de sesiones, no ha habido una sóla ocasión en que la presidenta haya dado la razón a estos abogados frente a la Fiscalía.

Ya en el primer día, la defensa planteó varias cuestiones previas ­como la ausencia de las piezas de convicción­ que hacían imposible iniciar la vista, y algunas de las cuales esperaban respuesta desde enero. El tribunal las desestimó de un plumazo, sin argumentación y en apenas media hora.

«Hay una voluntad ajena a este proceso que ha impuesto el inicio del juicio», denunció al día siguiente Kepa Landa. «Esto parece un juicio sumarísimo», agregó. Ese mismo día, el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, el letrado catalán August Gil Matamala, veía motivos «no ya de suspensión, sino también de nulidad del juicio».

El resto de los observadores que han asistido a la vista, muchos de ellos prestigiosos juristas europeos, han expresado la misma opinión.

Esto, sin embargo, no parece haber afectado a Murillo, que el 28 de noviembre afirmó que no le importaban las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo cuando Jone Goirizelaia le hizo saber que estaba vulnerando el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Al día siguiente la defensa recusó al tribunal por «parcialidad manifiesta» cuando ordenó la lectura de unos documentos sin que ninguna de las partes lo solicitara. Los propios recusados, los jueces Angela Murillo, Luis Salinas y Nicolás Póveda, rechazaron la recusación.

Ese mismo día ordenaron que todos los acusados acudieran a todas las sesiones del juicio, en contra de lo manifestado semanas antes y causando un gran daño personal y económico a los afectados.

Los rifirrafes entre defensa y tribunal han sido constantes en estos meses, pero el punto álgido de los mismos se produjo el 9 de enero, cuando las irregularidades cada vez mayores obligaron a los abogados a plantar al tribunal.

El detonante fue lo sucedido con las diligencias previas 75/89, cientos de tomos y decenas de miles de folios que incluyen todos los documentos, informes policiales y transcripciones acumulados desde hace diecisiete años por Baltasar Garzón, que han servido de base para los procesos judiciales contra organismos vascos.

Estas diligencias, que la acusación ha tenido a su disposición durante años para construir las imputaciones, llegaron a la Sala en la última sesión de diciembre, y Murillo sólo concedió a la defensa ­que desconocía su contenido­ unas pocas horas para analizarlas.

Cuando se reanudaron las sesiones, el 9 de enero, los letrados explicaron que en ese tiempo era imposible analizar esa ingente documentación, básica para su trabajo y que estaba además sin numerar, desordenada y apilada en cajas de cartón. La presidenta, sin embargo, hizo oídos sordos y ordenó que el juicio prosiguiera. «Son diligencias que no son nuestras, que nos han venido así y que están fatal, pe- ro qué le vamos a hacer», fue lo único que los abogados obtuvieron como respuesta.

«Esta defensa no está en condiciones de ejercer su labor», constató Arantza Zulueta, y junto a sus compañeros de bancada anunció que no volvería hasta que Murillo y el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, se entrevistaran con el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario de Oleaga, que ofreció su amparo a la defensa.

No fue el único, también lo hicieron los decanos de los Colegios de Abogados de Araba y Gipuzkoa ­el de Bizkaia es el propio De Oleaga­ y el Consejo General de la Abogacía, cuyo presidente, Carlos Carnicer, se entrevistó junto con su homólogo vasco con Murillo y Dívar.

Este, finalmente, anunció que permitiría a la defensa acceder a los más de 100.000 folios de las diligencias que, eso sí, tuvieron que escanear y copiar los propios letrados.

Contra la historia

Empresas, Orain SA, Ekin, Joxemi Zumalabe y Xaki. Cinco piezas para un macrosumario. Casi sesenta acusados y una larga, larguísima lista de testigos. Imposible narrar apenas una pequeña parte de lo acontecido en la Sala.

Hemos visto a personas que han conocido de primera mano la reciente historia política de Euskal Herria, y concretamente la evolución de ETA en las últimas décadas, describir el error histórico que implica atribuir a ETA una estrategia de «desdoblamiento» y «doble militancia» que correspondió, en exclusiva, a ETA-pm.

Hemos visto a eginzales explicando el carácter popular de ese proyecto periodístico nacido hace tres décadas y condenado a muerte hace poco más de ocho años. «En ‘Egin’ sólo había papel y tinta y lo cerraron 200 policías armados». La denuncia de Jabier Salutregi permanecerá por siempre en las paredes de la Audiencia Nacional. Más aún cuando el administrador judicial de “Egin” relató cómo dejaron morir a con- ciencia el periódico.

Han narrado a la Sala el trabajo de los militantes de Ekin en favor de la construcción nacional de Euskal Herria, a pie de calle, en barrios y pueblos.

Representantes de los más diversos organismos sociales han descrito la labor de la Fundación Joxemi Zumalabe, sin cuya ayuda no hubieran sido posibles numerosas iniciativas en este país. Asimismo, el tribunal ha conocido el trabajo que en todo el mundo han hecho varios imputados en favor de Euskal Herria.

También se han oído estremecedores testimonios de torturas de personas que jamás olvidarán su paso por manos de la Guardia Civil, y se ha comprobado el desprecio de este tribunal de excepción hacia la lengua de los vascos.

Se ha ratificado, en definitiva, lo que la sociedad vasca conocía desde el primer momento, hace ya ocho largos años. -

GASTEIZ