Cuando están a punto de cumplirse cuatro meses desde el anuncio del alto el fuego permanente de ETA, Euskal Herria sigue viviendo una situación de estado de excepción, con episodios de persecución política que no se habían conocido en momentos en los que la organización armada mantenía una fuerte actividad y las autoridades españolas achacaban los atropellos de los derechos civiles y políticos a la necesidad de luchar contra ella. Los dirigentes de la izquierda abertzale están siendo sometidos a una persecución constante ­incluso en el sentido literal de la palabra, con seguimientos continuos de todos sus pasos­ hasta el punto de que la Policía, siguiendo órdenes del juez Baltasar Garzón, se presenta en locales privados de partidos para preguntar detalles de las reuniones mantenidas en los mismos. Este miércoles, tras la reunión entre Batasuna y Aralar, las FSE acudieron a la sede de este partido en Iruñea. El informe policial sobre el encuentro mantenido con el PSE en Donostia el 6 de julio demuestra que los interlocutores abertzales fueron espiados antes y después del encuentro. Es evidente que con estas actuaciones se dificulta mucho el poder abordar con garantías un proceso de normalización democrática en Euskal Herria, a pesar del enorme esfuerzo de contención que, en esta materia, está haciendo la izquierda abertzale, soportando situaciones absolutamente denunciables.

Incluso desde los parámetros mentales de quienes pudieran afrontar este proceso desde el mayor de los escepticismos sobre la voluntad real de la izquierda abertzale, resulta difícil entender que después de que el Gobierno español haya considerado oficialmente «verificado» el alto el fuego y haya anunciado el inicio del diálogo con ETA, se esté dando una persecución de estas características contra Batasuna. Como es igualmente difícil de entender el mantenimiento de los atropellos a los derechos de los presos y el continuo protagonismo de la Audiencia Nacional con sus redadas. El Ejecutivo español no puede mirar a otro lado escudándose en la supuesta independencia judicial, pues sabe que ésta no es tal y que tiene en su mano poner fin a esta situación indeseable, colocándola en los parámetros que internacionalmente se consideran como mínimos para mantener un proceso de paz y normalización.

En este contexto, que el PSOE y otros partidos traten de centrar el debate en que Batasuna dé no se sabe qué pasos para su legalización suena a sarcasmo o, peor, a cortina de humo. -