A principios de los 90, tras doscientos años de reivindicaciones tan recurrentes como ignoradas, con una desertificación demográfica imparable de las áreas rurales del interior, con la carga de promesas incumplidas como las de Mitterrand sobre la lengua vasca y la institucionalización del territorio, con una economía atascada en un extremo fundamentalmente turístico y agrícola de un país centralizador, con una incesante presencia crítica de los movimientos sociales y culturales en el escenario público, con la llama de Iparretarrak aún ardiente, con una espiral que gira sin fin al sur del Bidasoa, con un sentimiento de abandono patrio que invade a cada vez más representantes políticos, el Estado francés decide reorientar su estrategia para con las provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.

Se acabó la estrategia del no. O eso parecía. El Estado calculó que el no, a secas, directo, frontal, podría llegar a ser contraproducente, un alimento para el autonomismo o, peor, para el independentismo. Y por ello diseñó un no por etapas.

A principios de los 90 el Estado lanzó la estrategia Pays Basque 2010 y propició la creación del Consejo de desarrollo y del Consejo de electos con la intención de desactivar la reivindicación de un departamento vasco para institucionalizar política, cultural, social y económicamente el territorio, y la de la cooficialidad del euskara para dotar a esta lengua de los instrumentos públicos con que asegurar su futuro. Las autoridades francesas han pensado siempre que acceder a estas reivindicaciones podría provocar una explosión incontrolada además de en su Pays Basque, en otros ángulos del hexágono.

Y ahí se sitúa la dinámica Pays Basque 2010. El Estado admite que existen en su seno territorios con su propia singularidad y, graciosamente, les concede intrumentos particulares creados para la ocasión. He aquí el antídoto de la República para el veneno del sentimiento de abandono que ha infectado a muchos notables de adscripción puramente francesa. Un antídoto del que, por otra parte, puede sacarse un jugo nutritivo, como es el caso de la Oficina pública para el euskara, cuyo objetivo será el de poner en marcha una política lingüística. Ahora, a la espera de que se desarrolle por completo el Convenio específico 2010, se prepara el 2020, seguro insuficiente para las aspiraciones locales, pero sin duda un avance con respecto al inmovilismo jacobino que ha marcado la acción del Estado francés. -