En Euskal Herria se vive un momento desconocido en las últimas décadas en el que se palpa la posibilidad real de alcanzar la paz y la normalización democrática. Quienes conocen los entresijos del proceso aseguran que éste tiene bases sólidas. Sin embargo, un amplio sector de la ciudadanía echa en falta indicios palpables de que algo se mueve hacia la resolución del conflicto. Desde que ETA declarara un alto el fuego permanente el pasado 24 de marzo, la situación represiva que se achacaba a la actividad armada de la organización apenas ha variado y, cuando lo ha hecho, puede decirse que se ha producido un empeoramiento de la situación. En las cárceles se siguen conculcando los derechos humanos y los tribunales continúan haciendo una revisión de la propia legalidad para endurecerla en contra de los presos, lo que ha llevado a que algunos que tenían que haber sido ya puestos en libertad vean alargda su condena con nuevas causas. Entre tanto, la Fiscalía presenta a modo de balance positivo el hecho de que en estos meses de alto el fuego no se haya producido ninguna mejora en la situación de ningún prisionero político. Al mismo tiempo, se mantiene la persecución de las actividades políticas de la izquierda abertzale, sin que se le ofrezcan garantías de que en el futuro podrá desarrollar un trabajo normalizado para defender democráticamente su iderario.

Cierto es que, en este periodo, el pasado 29 de junio se produjo una declaración trascendental del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en torno al respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y la necesidad de alcanzar «un nuevo pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportunos». Sin embargo, todavía, dicha declaración arrastra el lastre de la poca credibilidad que una parte importante de la sociedad otorga a la palabra de Zapatero tras lo ocurrido en Catalunya, donde también se comprometió a respetar lo que saliera del Parlament. Por lo tanto, son muchos los que esperan hechos que refrenden esos dichos. Y en ese camino debiera conformarse la mesa de partidos.

Son muchas las voces que señalan que ese foro debería constituirse en otoño. Vista la situación que se está produciendo, en la que se corre el riesgo de que el excepticismo se instale en la opinión pública, cabe esperar que los dirigentes de los partidos no estén hablando de que en agosto cierran la persiana y que ya la volverán a abrir en setiembre, sino de que aprovecharán el verano para ir asentando las bases del proceso de normalización. Sería conveniente comenzar a tener indicios de que las cosas avanzan, no vaya a ser que cunda la sensación de que el proceso se pudre entre discursos bienintencionados. -